Las sombras del caso Rato: un rosario de despropósitos

La Fiscalía de Madrid al mando de la operación a pesar de que Anticorrupción ya investigaba el caso desde hacía un par de meses; una judicialización «de urgencia» vía juzgado de guardia; la aparente sorpresa del Gobierno por los acontecimientos; una denuncia de apenas una docena de folios... El caso Rato, sin prejuzgar su resultado, se aleja demasiado de los cánones habituales

Las sombras del caso Rato: un rosario de despropósitos EFE

n. villanueva /p . muñoz

22/04/2015
Actualizado a las 20:34h.

¿Por qué actuó la Fiscalía de Madrid si ya investigaba Anticorrupción?

Este es uno de los grandes enigmas del caso . Las dos máximas responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) habían presentado hacía dos meses en Anticorrupción un informe sobre las actividades de Rato. La Fiscalía hizo ver que el documento era claramente «insuficiente» y en algún momento incluso contradictorio, por lo que instó a la ONIF a continuar con la investigación para tener más datos sobre la mesa. El malestar por parte de las jefas del organismo dependiente de Hacienda fue evidente.

¿Cómo se enteró la fiscal general del Estado de la operación?

El miércoles pasado por la noche, menos de 24 horas antes de que se produjera la entrada y registro, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, recibió un mensaje en su teléfono móvil procedente de la Fiscalía de Madrid en el que se le anunciaba lo que iba a ocurrir. Al día siguiente, jueves, poco antes de comenzar la reunión del Consejo Fiscal, volvió a recibir noticias. No ha trascendido si se le comunicó que se iba a pedir la detención de Rodrigo Rato.

¿La fiscal general conocía la investigación de Anticorrupción?

No hay pruebas evidentes, pero sería sorprendente que no lo supiera, por la trascendencia nacional e internacional del caso. Precisamente por eso las fuentes consultadas consideran muy extraño que Consuelo Madrigal no alertara a los responsables de la Fiscalía de Madrid y a Anticorrupción de los movimientos que estaban en marcha -también los primeros podían haber informado a sus compañeros, aunque alegan que desconocían la circunstancia-, lo que hubiera evitado además el episodio rocambolesco de la lucha entre fiscalías por la competencia del caso.

¿Quién conocía que se iba a proceder a, al menos, la entrada y registro?

Por parte del Ministerio Público, el fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix; el provincial, José Javier Polo; los dos fiscales a sus órdenes y la fiscal general del Estado. Por parte política parece claro que Cristóbal Montoro debía estar al corriente, puesto que los agentes de Aduanas dependen del Ministerio de Hacienda. Pero también es probable que tuviera noticias el ministro de Economía, Luis de Guindos , dado que el Sepblac intervino en algún momento de la investigación. Y si tenían noticias dos miembros del Gabinete es inconcebible que Moncloa no estuviese también al tanto.

¿Por qué no intervienen en la investigación ni la UDEF de la Policía ni la UCO de la Guardia Civil?

Al ser la Agencia Tributaria el primer organismo que detecta las supuestas irregularidades, el Ministerio de Hacienda dice que sea la ONIF primero, y luego Vigilancia Aduanera, los que se hagan cargo del caso. Ni la UDEF ni la UCO son requeridas a pesar de la gran experiencia acumulada en estos temas, pero tampoco había obligación alguna de que esas unidades intervinieran en las pesquisas.

¿Por qué intervino el Sepblac en esta investigación?

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales es, sin duda, un organismo de una preparación y eficacia indiscutible. Pero sorprende que fuera movilizado por la Agencia Tributaria en este caso y no ocurriera al revés, como corresponde a un servicio que, como su propio nombre indica, es de prevención y no de investigación de unas irregularidades ya detectadas.

¿Por qué se judicializa el caso vía juzgado de guardia?

Se trata de otro de los episodios para los que todavía no hay una respuesta clara. Las fuentes consultadas consideran que esa urgencia solo es entendible si los fiscales del caso tenían la sospecha de que Rodrigo Rato pudiera estar destruyendo información a raíz de las noticias aparecidas 24 horas antes en un diario digital, Vozpopuli, con los primeros datos de las pesquisas.

¿Cómo es posible que el informe de la Agencia Tributaria haya trascendido a un medio?

No es la primera vez que unas diligencias de investigación, que además son declaradas secretas por el juez, acaban siendo publicadas. La gran incógnita a despejar es determinar a quién le interesaba la filtración: al Gobierno, que de esta forma lanzaba el mensaje de que iba a luchar contra la corrupción caiga quien caiga; a alguno de sus ministros en concreto o bien a algún responsable de la investigación que pensó que una vez lanzado el escándalo nadie podría detener las pesquisas.

¿Por qué devolvió la fiscal general el caso a Anticorrupción?

Consuelo Madrigal actuó a instancias del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que el pasado viernes, por escrito, esgrimió el argumento de que esa Fiscalía Especial ya había abierto una investigación sobre Rato hacía dos meses. Lo que no se entiende es que fuera necesario llegar a esto si desde el principio Madrigal conocía esta circunstancia.

¿En qué fase está la investigación sobre Rato?

Sin duda alguna, en una fase embrionaria . Es más; la denuncia de la Agencia Tributaria es de apenas una docena de folios, aunque como es lógico se está a la espera de lo que pueda dar de sí el estudio de la documentación intervenida al exvicepresidente del Gobierno. Precisamente por eso la única razón que justificaría una operación como la del pasado jueves es que se temiera una destrucción de pruebas.

¿Cuándo será llamado a declarar Rodrigo Rato?

Si no hay sorpresas, aún queda mucho para que eso se produzca. Primero tiene que determinarse qué juez va a instruir el caso, luego tienen que redactarse los informes correspondientes sobre la documentación intervenida, decidirse si hay que hacer alguna diligencia más y finalmente, si es necesario y hay elementos suficientes para mantener la imputación, llamar a declarar al imputado.

¿Qué juez debe instruir las diligencias?

A juicio de la Fiscalía, a la vista de lo actuado no hay duda de que tendría que ser el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, quien no obstante se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional, en concreto del juez Fernando Andreu que es el que ya investiga a Rato en el caso Bankia. Para el Ministerio Público éste no puede ser competente porque en esencia se investigan delitos fiscales cometidos por un particular. Si al final el caso lo instruye Andreu, éste debería inhibirse en lo que se refiere al alzamiento de bienes, cuestión que debería someterse a reparto.

¿Ha quedado comprometida la imagen de la Justicia?

En esencia no, pero es evidente que si las cosas hubieran seguido su cauce habitual se hubieran evitado algunas situaciones poco edificantes, que alcanzan mayor realce al tratarse de un caso de la trascendencia de éste. El cruce de investigaciones entre fiscalías nunca debía haberse producido, como tampoco esa imagen de improvisación que se desprende de los acontecimientos del pasado jueves.

¿Pasará factura a alguien lo sucedido?

A corto plazo, no. Pero lo que suceda después es una incógnita. Es difícil de digerir que la Fiscalía de Madrid haya actuado por su cuenta hasta casi 24 horas antes de lanzar la operación, que la Agencia Tributaria se dirigiera a ella cuando ya Anticorrupción había ordenado seguir investigando el asunto por estar poco maduro, y para muchos tampoco era estrictamente necesaria la detención de Rato solo por unas horas, con el espectáculo televisivo posterior.