Interior alertó a la Generalitat en 2012 del avance salafista en Cataluña

El citado informe calificaba al movimiento salafí como el «actor islamista» que entraña mayor riesgo para la paz y la cohesión social. Su objetivo inmediato es conseguir el control de la comunidad islámica para imponer su visión de la sharía, por encima del orden jurídico y constitucional. Y con ese propósito acostumbra a crear órganos de supervisión e incluso su propia «policía islamista». Todo ello encaminado a segregar a los musulmanes de la sociedad que los ha acogido.

Los Servicios de Inteligencia ponían el foco en el municipio de Salt, donde varios líderes trabajaban ya para la apertura, en el polígono Torremirona, de un gran centro de culto islámico salafí. Como impulsores del proyecto figuraban los marroquíes Mohammed Attaouil, en representación de la sociedad Al Hilal, y Allal Kaaouachi, de Magrebins pers la Pau. De la búsqueda de subvenciones se encargó Noureddine Ziani, directivo de la Fundación Nous Catalans, hasta que en mayo de 2013 fue expulsado de España a instancias del CNI por su relación con el islamismo radical. El informe de los Servicios de Inteligencia subrayaba el hecho de que la mezquita salafista de Salt quedó a salvo de la posterior decisión del ayuntamiento de suspender la concesión de licencias durante un año para la construcción y apertura de centros de culto en ese municipio.

Se da la circunstancia de que en 2013 la Fiscalía abrió una investigación por presunto delito de blanqueo de dinero sobre Attaouil para conocer el origen de unos 280.000 euros de los alrededor de 300.000 que costó el terreno adquirido para la construcción de la mezquita. Sospechaba que esos fondos no procedían de las donaciones de los fieles.

La Generalitat fue advertida también entonces de que ese gran centro de culto proyectado en Salt aspiraba a convertirse en uno de los centros de referencia del salafismo a nivel europeo. Y ello entrañaba un riesgo: un centro de esas características en un municipio con una alta densidad de población inmigrante, caracterizada por un bajo nivel cultural y una estratégica ubicación geográfica, está destinado a servir de puente entre Europa y España para la difusión del salafismo , «lo que supone un riesgo potencial para la seguridad del Estado, además de suponer un peligroso precedente y un foco destacado de radicalización hacia el conjunto de la Comunidad musulmana en España».

El Gobierno de Artur Mas también fue informado del riesgo que podría entrañar la Federación de Asociaciones Culturales islámicas. «Mayor amenaza», si cabe, ya que fue constituida con vocación de erigirse como mediadora de las diferentes tendencias que existen en el seno de la comunidad musulmana. O como mediadora entre ésta con la Administración y los consulados que hay en Gerona. Cuando en realidad este papel debe ejercerlo la Comisión Islámica de España.

El informe remitido a la Generalitat llegaba a una serie de conclusiones. La primera, que la construcción de un gran centro de culto salafí en España constituye una amenaza, más elevada en el largo plazo, por dos motivos: se configura un «polo de atracción, tanto europeo como africano, de formaciones extremistas y seguidores de ese culto». Y se forma un «asentamiento físico importante dominado por una ideología radical y excluyente en territorio español», que constituye un precedente para la creación de modelos similares en otras localidades españolas.

El informe de los Servicios de Inteligencia concluía que la creación de la Federación de Asociaciones Culturales Islámicas, con igual credo salafí, iniciativa ligada a la construcción de la mezquita de Salt, generará «otra doble situación de riesgo y amenaza». De un lado, «la existencia en España de una sociedad paralela, de carácter religiosos islámico, que antepondrá la ley islámica al orden jurídico y constitucional vigente». De otro, «la constitución de un entramado federativo de tal consideración, entorpecerá y dificultará la labor institucional y de representación de la Comisión Islámica de España, poniendo en serio riesgo la interlocución de ésta con el Estado». Además, se auguraba también que este entramado paralelo generaría hostilidades en el seno de la CIE y aumentaría considerablemente el peligro de radicalización entre la población musulmana. Algo que desgraciadamente se está cumpliendo.

Las fuentes consultadas por ABC ven en ello un intento de debilitar la representación en Cataluña de la Comisión Islámica de España. La Generalitat aspira a controlar a la población musulmana en esa Comunidad (más de 400.000 personas), sin interferencias del Gobierno de la Nación, a fin de atraerse a este sector de la población y blindar socialmente el proceso soberanista emprendido por Artur Mas y sus socios de ERC.