Semana crucial para los aforados de los ERE, que declararán ante el Supremo

Para entonces el juez Barreiro tendrá ya sobre la mesa algunos de los informes que solicitó hace unas semanas, como la ampliación del elaborado por los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), con los que el instructor ya ha reunido para que le aclaren algunos extremos que contradice la defensa de Griñán.

Barreiro también ha pedido a este organismo oficial que le informe sobre los temas que se trataban en los llamados «consejillos», unas sesiones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros y que servían para preparar los asuntos que se iban a tratar en los consejos de gobierno relativos a modificaciones presupuestarias, planes anuales de controles financieros y «cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía y personas físicas entre 2000 y 2012. Estas reuniones estaban presididas por el consejero de Presidencia de la Junta.

El juez ya ha revelado que estos «consejillos» son fundamentales para su investigación. Lo hizo el pasado 26 de marzo en un auto en el que rechazaba un recurso de Zarrías en el que éste se quejaba por la petición de información sobre este asunto. «Al ponderarse que en los referidos consejos de viceconsejeros se preparaban las decisiones a adoptar por los consejos de gobierno, solo cabe concluir que su contenido puede ser relevante para la investigación delictiva (...)». Por un lado, decía el instructor, porque permite averiguar si hubo dolo en las conductas gubernativas ejecutadas en los altos niveles de la pirámide administrativa; y por otro, para conocer cómo se preparaban las decisiones que después de adoptaban en los consejos de gobierno. La advertencia de Barreiro en este punto es clara: «(...) En el delito de prevaricación no solo concurre la modalidad de la autoría, ya que también caben otras formas de participación».

En esa misma resolución, Barreiro recordaba a los aforados que nada les diferencia de los imputados de la causa que instruye en Sevilla la juez Alaya, y que si están siendo investigados por el Supremo es por su condición de aforados y por ninguna otra razón. «De no ser por el régimen de aforamiento, resultaría indiscutible que los hechos tendrían que verse en un solo procedimiento».

El juez investiga si desde los puestos de máxima responsabilidad que los aforados, especialmente Chaves y Griñán, ocupaban en la Junta de Andalucía podían desconocer las irregularidades en el destino de unos fondos creados por el propio gobierno autonómico. O lo que es lo mismo: los expresidentes de la Junta de Andalucía podrían haber cometido un delito al desmantelar los sistemas de garantía y posibilitar, gracias a la falta de controles, que otros se llevaran el dinero.