La Policía podrá instalar micros o cámaras en domicilios particulares

El anteproyecto de ley que previsiblemente hoy aprobará el Consejo de Ministros supedita esta intervención de las comunicaciones a que estas puedan tener lugar «en uno o varios encuentros concretos» de la persona investigada con otras.

Además, la utilización de estos dispositivos solo podrá acordarse cuando los hechos investigados constituyan delitos cometidos en el seno de una organización criminal, terrorismo, delitos contra menores u «otros que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad». En ningún caso, «la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrá incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión, con quienes están obligados a mantener el secreto profesional, como los abogado»s.

Se trata de una de las medidas de investigación que hasta el momento no había estado regulada en el proceso penal y que, sin embargo, para el Ejecutivo resulta «indispensable» para el esclarecimiento de un delito, como se reconoce en la exposición de motivos de la nueva ley. También lo es la interceptación de otro tipo de comunicaciones (whatsapp, correos electrónicos, SMS) que hasta ahora los jueces han ido supliendo con interpretación jurisprudencial, pero sin un soporte legal en el que apoyar sus decisiones. Esta circunstancia está siendo objeto de críticas continuas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también hace unas semanas del Tribunal Constitucional, que emplazó al legislador a que de una vez por todas aborde esta reforma al afectar la intervención de las comunicaciones a la esfera más íntima de las personas.

De esta forma, intervenciones telefónicas, telemáticas o tecnológicas constituyen un eje fundamental del anteproyecto de ley cuyo contenido adelantó ayer ABC y que tiene como otro bloque prioritario las medidas de agilización procesal con las que se pretende acabar con las instrucciones interminables. Una de las soluciones planteadas pasa por limitar los plazos de instrucción a seis meses prorrogables a 18 en caso de investigaciones complejas y la posibilidad de juzgar de forma separada piezas que corresponden a un mismo procedimiento de forma que la «conexidad» que la ley exige no opere de forma tan rígida.

Otra de las cuestiones que la ley aborda por primera vez es la figura del policía encubierto en investigaciones tecnológicas: los funcionarios de la Policía Judicial podrán navegar por la red con una identidad falsa y si su perfil es aceptado por el resto de usuarios en canales cerrados de comunicación (chats), seguir «camuflado» en ese perfil falso hasta que consiga esclarecer el delito que investiga. Este planteamiento está pensado para esas nuevas formas de delincuencia que se amparan en la impunidad de las redes sociales , y en concreto para delitos de prostitución, contra los derechos de los trabajadores o tráfico de armas, entre otros.

Además, el juez podrá acordar en resolución motivada y durante tres meses prorrogables por iguales periodos la interceptación de las «comunicaciones postales y telegráficas» de las personas sobre las que hay indicios de responsabilidad criminal, y en caso de urgencia, «podrá ordenarla el ministro del Interior, o en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas. De igual forma, la Policía podrá intervenir las comunicaciones de forma autónoma durante un periodo máximo de 24 horas cuando, por razones de urgencia o del delito (de terrorismo, que afecte a menores o que sea de especial gravedad), sea necesario en el marco de una investigación.

El Gobierno reconoce que hay que encontrar un «delicado equilibrio» entre la capacidad del Estado para hacer frente a una «fenomenología criminal de nuevo cuño y el espacio de exclusión que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros». «Nuestro sistema está sumido en la actualidad en un estado de interinidad e insuficiencia que exige de los poderes públicos soluciones legislativas urgentes», reconoce el Ejecutivo en el borrador del nuevo texto legal.

Apenas dos meses después de tomar posesión como ministro de Justicia, Rafael Catalá lleva a la mesa del Consejo de Ministros este anteproyecto, que incluye algunos de los asuntos más urgentes que ya planteó su antecesor en el cargo , Alberto Ruiz-Gallardón, a partir de las ideas que había expuesto una comisión de expertos.