Lesmes reconoce que los jueces sufren presiones «implícitas o explícitas» del poder político

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado la Memoria del Tribunal Supremo relativa a 2013, Lesmes se ha referido a la corrupción como una «lacra social que mina la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones». En su opinión, no basta con las medidas represivas (condenas) para hacer frente a los delitos relacionados con la corrupción, sino que también son necesarias medidas preventivas, como la transparencia de las instituciones y el buen funcionamiento de los órganos de fiscalización y auditoría interna de las distintas Administraciones.

Lesmes ha anunciado que en las próximas semanas va a proponer al órgano de preside la adopción de una serie de medidas dirigidas a la lucha judicial contra la corrupción. Ente ellas, la creación de una Unidad de Apoyo que se encargue de evaluar los problemas que surjan en los órganos que lleven causas de corrupción y de formular a la Comisión Permanente del CGPJ las propuestas necesarias para la «adecuada y diligente tramitación y resolución de las citadas causas».

Anteriormente se ha referido a la necesidad de que el legislador modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) ante las «carencias y disfunciones notables» del sistema penal que «contribuyen al desaliento ciudadano». «La duración de la fase de instrucción es percibida por la ciudadanía como interminable, especialmente cuando se trata de macroprocesos, lo que obliga a una nueva regulación de la fase de investigación de los delitos», ha señalado Lesmes.

La segunda medida que propondrá Lesmes en los próximos días es la especialización del Servicio de Inspección del Consejo en materia de corrupción. Se trataría de que estos inspectores elaboren un protocolo que permita obtener una información «completa y uniforme» sobre el funcionamiento de todos los juzgados y Tribunales que lleven causas de corrupción.

Además, Lesmes quiere que se designe a un letrado del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ para que preste el auxilio técnico necesario a los jueces y magistrados que tengan que llevar a cabo diligencias judiciales fuera de nuestro territorio en materia de corrupción. Y, por último, aboga por programas de formación especializada para jueces y magistrados que lleven casos de corrupción.

Para el presidente del TS, que ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de violencia de género, «una respuesta política eficaz no puede consistir en una serie de medidas estereotipadas. Las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz», ha dicho. No obstante, la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la corrupción no se tolera».