La cúpula fiscal apoya la querella de Torres-Dulce contra Mas por el 9-N

La junta, convocada por el propio Torres-Dulce tras negarse los fiscales catalanes a denunciar a Mas , comenzó su reunión poco después de las diez de la mañana de la mañana con la ausencia de dos de sus miembros: el juez togado militar, Fernando Marín Castán (que todavía no ha tomado posesión tras su reciente nombramiento), y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, en su caso por enfermedad.

El fiscal general del Estado ha defendido ante sus compañeros la acción penal contra Mas, contra su número dos, Joana Ortega, y contra la consejera de Educación, Irene Rigau, al considerar que la suspensión acordada por el TC «no dejaba margen alguno a la duda» y que cometieron un delito de desobediencia en toda regla, además de prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Para Torres-Dulce, la resolución del TC afectaba «a toda actuación que contribuyera a impulsar» el denominado «proceso de participación». Y entre esas actuaciones están también, a su juicio, las acciones que no revistieron forma jurídica «precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación». En el impulso de estas actuaciones participaron de forma »personal y directa» Mas y Ortega, que, conociendo sus obligaciones, desplegaron «una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución».

Junto con la propuesta del fiscal general, la Junta de Fiscales de Sala ha analizado también el acta de la reunión de los fiscales superiores catalanes que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella . Para estos fiscales el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa «parece responder a una decisión meditada» de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.

«La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos» y «tampoco se dirige a un destinatario concreto», apuntaron los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas. Pese a ello dicen ser conscientes de que el Gobierno de la Generalitat recurrió «al empleo de argucias jurídicas sin precedentes (..) y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional».

Aunque la opinión de la Junta de Fiscales de Sala no era vinculante para Torres-Dulce, es indudable que su apoyo legitima aún más su querella contra la Generalitat. Cuestión distinta será el destino de esa querella una vez que entré en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) si es que se llega a admitir a trámite.