Ana Malgadi, fiscal jefe de Barcelona, ayer
Ana Malgadi, fiscal jefe de Barcelona, ayer - inés baucells

Fiscales dudan de que los jueces del TSJC lleguen a sentar a Mas en el banquillo

La fiscal jefe de Barcelona marca distancias con los díscolos del TSJC y pide reabrir las denuncias del 9-N ya archivadas

n. villanueva/ à. gubern
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Salvado ya el escollo de la querella que el fiscal general del Estado va a presentar en breve a través del fiscal Superior de Cataluña, el escenario que se abre ahora en el TSJC no es muy halagüeño, a juzgar por los temores que muchos representantes del Ministerio Público comparten.

Fuentes fiscales asumen las dificultades que existen para que prospere en el TSJC la querella de Eduardo Torres-Dulce contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas y miembros de su Gobierno. Tampoco sobre el de las múltiples denuncias que el TSJC está acumulando estos días contra ellos: estas fuentes no albergan dudas de que la nueva querella, como la anterior (la que se negaron a tramitar los nueve fiscales superiores), estará bien fundamentada, pero desconfían de que la instrucción de la causa contra Mas (si es que llega a admitirse a trámite el escrito de la Fiscalía) llegue a buen puerto y que el presidente de la Generalitat y sus consejeros se sienten en el banquillo en un futuro próximo acusados de un delito de desobediencia por el 9-N.

Esas fuentes no dudan de la profesionalidad de los jueces de tribunal superior, pero dicen ser conscientes de las connotaciones políticas que tiene este caso, sobre el que planea la sombra del nacionalismo. En este sentido, abogan por que asuntos que tocan de lleno el nacionalismo -y con más razón cuando el imputado es el presidente de una Comunidad Autónoma- sean investigados y juzgados fuera para evitar cualquier tentación de interferencia política durante la instrucción de un procedimiento.

Las primeras dudas sobre cuál será la actitud del TSJC ante la querella nacen en parte de su composición, y de un historial en el que el máximo tribunal en la comunidad ha sido permeable, según recuerdan fuentes políticas y judiciales, a asuntos tan sensibles como el de la lengua en la escuela. Corregido en ocasiones por el Tribunal Supremo, el TSJC ha avalado con sus sentencias la inmersión lingüística en las escuelas de la comunidad, aunque ha reconocido también el derecho de los alumnos a una atención individualizada en castellano.

Las mismas fuentes recuerdan, por otra parte, declaraciones hechas por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, histórico de la progresista Jueces por la Democracia, que en su momento consideró por ejemplo que una consulta en Cataluña sería posible en base a una «interpretación amable» de la Constitución española, o si se hacía una lectura «política» y «amplia» del concepto de unidad. Aunque desde el TSJC se ha puntualizado a ABC que en ningún caso el magistrado se ha mostrado favorable al «derecho a decidir», sus manifestaciones -desde hace meses ninguna- se analizan con detalle.

Las especulaciones sobre el recorrido que pueda tener la querella de la Fiscalía coinciden con el mar de fondo que en el seno del Ministerio Fiscal ha provocado su tramitación. La negativa de los nueve fiscales del TSJC a tramitarla, y la extensión de la idea de que la «insurrección» es generalizada entre todos los fiscales, fue respondida ayer con contundencia por el fiscal general del Estado. Eduardo Torres-Dulce aseguró que es «una exageración y una absoluta falta de veracidad» decir que hay «fiscales rebeldes o amotinados» porque lo que la querella (avalada el miércoles por la cúpula fiscal) ha demostrado es que la Fiscalía «no actúa a golpe de orden» sino a través de un debate jurídico.

Al ser preguntado en el Senado sobre las discrepancias con la Fiscalía Superior de Cataluña por las responsabilidades penales derivadas de la consulta del 9-N, Torres-Dulce señaló que han mostrado una disparidad de criterio respecto a la Fiscalía General y la Junta de Fiscales de Sala «ha decidido que era procedente la orden» que el dio al fiscal superior, José María Romero de Tejada.

En este contexto, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Malgadi, compareció ayer para trasladar el malestar de los fiscales de la provincia por el hecho de que se les relacione con la negativa a tramitar la querella contra Artur Mas por su actuación en la consulta del 9-N. Malgadi precisó que la utilización del término «fiscales catalanes» para referirse únicamente a los nueve fiscales del TSJC que no ven base para tramitar la querella contra el presidente de la Generalitat incurre en una generalización que rechaza.

«No hay insurrección» de los fiscales, remachó en tono grave. Del mismo modo, destacó que la interpretación que han hecho los medios de comunicación de su postura, subrayando el «desmarque» de los fiscales barceloneses con respecto a los del TSJC, tampoco es ajustada. En este sentido dijo que en ningún caso valora las decisiones de la Fiscalía Superior de Cataluña porque no son de su competencia: «El resto de los más de 389 fiscales que ejercemos en Cataluña, en fiscalías provinciales, no hemos adoptado ninguna posición respecto a la querella, por la sencilla razón que ni nos corresponde ni nos compete».

De fondo, señalan fuentes de la Fiscalía de Barcelona, se extiende un profundo malestar, al considerar que se ha trasladado la idea falsa de que todos los fiscales catalanes han adoptado una posición de rebeldía ante el Fiscal General del Estado y que los fiscales de Barcelona cuestionan las decisiones de la fiscalía del TSJC.