La empresa matriz trató de evitar la investigación con una auditoría

Ayer Drago hizo un comunicado en el que afirmaba que el pasado 16 de septiembre remitió a la Fiscalía Anticorrupción, y a la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2014, un informe pericial comprensivo de todas sus actividades y operaciones, que fue realizado por Deloitte. «Este informe forense –señala la nota– establece que está absolutamente contrastada la procedencia de los fondos que Drago Capital gestiona y la identidad de sus beneficiarios. Más del 80% del capital proviene de financiación bancaria y el resto de inversores institucionales (...) Los fondos han sido debidamente declarados tanto al Banco de España como a la Dirección General de Transacciones Exteriores. Respecto a la presencia de sociedades de Luxemburgo, Países Bajos o Guernsey , el informe de Deloitte en su resumen ejecutivo concluye que se trata de una operativa habitual y que entra dentro de la práctica mercantil común en este tipo de operaciones con inversores extranjeros», concluye el comunicado.

Los investigadores no lo ven así, y tampoco el juez Santago Pedraz, que con ese documento en su mano autorizó la media docena de entradas y registros realizados el pasado jueves, entre ellas la que se realizó en la sede social de la sociedad en cuestión. Solo del conocido bufete de abogados que representa a esa empresa los policías se llevaron 40 cajas con documentación.

Los dos socios movieron 3.000 millones de euros en las siete operaciones inmobiliarias investigadas por la Policía.

Por otra parte, ayer al mediodía los bancos no habían respondido al requerimiento de información acerca de si Pujol, Iglesias, o alguna de las sociedades relacionadas con ellos tienen cajas de seguridad alquiladas. Las fuentes consultadas por ABC señalaron que en cualquier caso la investigación ha permitido descubrir algunas de ellas y se espera que como tarde el lunes esas entidades respondan a la información requerida.