El soberanismo, coartada de Mas para tapar una gestión ruinosa

Socorrida por los créditos del FLA –40.000 millones prestados por el Gobierno en esta legislatura–, la Generalitat funciona con unas finanzas con respiración asistida. Los severísimos recortes aplicados tras su regreso al gobierno (2010) no han logrado contener el crecimiento de la deuda, ahora situada en 61.836 millones. El gobierno catalán ya anuncia un presupuesto «imposible» para 2015.

La política de tijera de CiU ha castigado con dureza a la sanidad pública –1.586 millones en apenas tres años–, donde no se han podido contener por ejemplo las listas de espera: cinco meses para una operación de corazón. En paralelo, episodios como el de la legionela, con un brote devastador –diez muertos en Sabadell y Ripollet–, han vuelto a poner en cuestión las políticas del cuestionado consejero Boi Ruiz.

Con un importante impacto de la política de recortes –unos 200 millones menos cada año–, el de la educación es otra de las asignaturas suspendidas por la Generalitat. Usada como ariete en contra del PP, bien practicando la insumisión contra la ley Wert, bien ignorando las decenas de sentencias que protegen el castellano en las aulas, Irene Rigau es uno de los lastres del Ejecutivo de Mas.

Hace apenas una semana, la Generalitat anunciaba que prolongaba hasta diciembre el impago del 25% del importe de las facturas que se adeudan a las entidades sociales. Otro tanto sucede con las farmacias, a las que se adeudan 220 millones. Solo los pagos del FLA alivian la morosidad del Govern. Con la proa puesta en la consulta, el tercer sector denuncia su marginación por parte de la Generalitat.