¿Qué modelo federal quiere el PSOE?

Y eso que lo repite una y otra vez. La salida al problema catalán, mantiene el líder del PSOE, es la reforma de la Constitución. Ante el «inmovilismo» de Mariano Rajoy y el desafío de Artur Mas , el líder socialista aboga por revisar la Carta Magna para que todos se vuelvan a sentir cómodos. ¿Cómo? Con un modelo territorial que ponga orden al Estado de las autonomías en cuestión de competencias y financiación. Con una reforma que fomente «la participación ciudadana» y mejore «la representatividad de los electos». Y que reduzca «los aforamientos» y asegure «la independencia de la Justicia».

Al Gobierno la música de la reforma constitucional no le termina de gustar. Rajoy no se opone a ella -«Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma»-, pero reclama propuestas concretas y consenso. Con Sánchez no se cumplen ninguno de estos dos requisitos. Para el Ejecutivo es insuficiente que el PSOE hable de reconocer «nuevas formas de familia» o la supresión definitiva de la pena de muerte. Lo mismo ocurre con la protección de la salud como un «derecho real y efectivo» o el «compromiso de los poderes públicos con las políticas sociales».

El verdadero punto de fricción se refiere a la organización territorial del Estado. Según el PSOE, el sistema de las autonomías «necesita una actualización que incorpore una perspectiva federal» de modo que las competencias queden bien delimitadas, asegure la financiación de las regiones, reforme el Senado y reconozca las «singularidades» de algunas comunidades. La fórmula de Sánchez pasa por el federalismo.

«¿Qué es un Estado federal para ustedes? ¿Qué implica respecto al actual Estado de las autonomías?», le preguntó Soraya Sáenz de Santamaría al «número dos» de Sánchez en el Congreso . A la vicepresidenta no le queda claro si los socialistas quieren un Estado asimétrico o simétrico. «¿Significa eso la atribución de nuevas competencias a las comunidades? ¿Hacia qué dirección va esa reordenación de competencias?».

La Carta Magna de 1978 salió adelante, entre otras cosas, porque dejó abierto el desarrollo del modelo territorial. El artículo 149 indica que «las materias no atribuidas expresamente por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos». Es una característica propia de los Estados federados.

Donde los constituyentes evitaron entrar el PSOE propone «clarificar y delimitar la distribución de las competencias, de las responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las CC.AA.», según la declaración de Granada del año 2013, «para acabar con la confusión actual». La indefinición de los socialistas sobre si darían más peso al Estado o a las autonomías es lo que hace tan confuso su planteamiento.

Del punto de la declaración de Granada que menciona «un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo» se deduce un intento de acabar con el conflicto de la financiación. Según la lectura federal, el Gobierno central cubriría sus competencias con los impuestos estatales. Las comunidades tendrían autonomía para hacer lo mismo. Eso significa que convivirían impuestos estatales con autonómicos. Pero el PSOE no desarrolla esta idea y se limita a la protección de «derechos fundamentales» como la sanidad, la educación y las pensiones.

La «eficacia en la gestión de los recursos públicos» esgrimida por el PSOE tiene que ver con el control del gasto. Con unas reglas claras, y esto tampoco lo especifica la declaración de Granada, el Gobierno central no se haría cargo del rescate de las comunidades que incumplan el equilibrio presupuestario y tendría capacidad para apoyarlas en casos de extrema gravedad.

El modelo federal del PSOE supondría reformar el Senado: «Necesitamos reformar la Constitución para sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal». En el Senado de Estados Unidos, cuyo modelo federal ha inspirado las repúblicas latinoamericanas, están representados todos los Estados con la misma cantidad de senadores, sea cual sea su población. Tiene tanto peso como el Congreso y se articula como una verdadera cámara de representación territorial.

Estados Unidos, como Suiza con sus cantones y Canadá con algunas provincias, es uno de los pocos países que otorga más poder político a los Estados federados que España. Rajoy incluso retó al PNV a buscar en el mundo un país que tuviera tanta descentralización como España.

No lo es Francia, donde el Gobierno central se reserva la iniciativa sobre las regiones. El federalismo francés es simétrico, esto es, todas las administraciones regiones tienen las mismas competencias. Canadá es un ejemplo de lo contrario: Quebec, que ha votado en referéndum su independencia, tiene una lengua diferente. ¿Es eso lo que quiere el PSOE cuando habla de respetar las «identidades diferenciadas» y garantizar las «singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas»?

El federalismo asimétrico, que pasaría por reconocer a Cataluña como una nación y copiar el cupo vasco, es incompatible con el Preámbulo de la Constitución y artículos del Título I. Esta reforma de la Carta Magna requiere que dos tercios del Congreso lo aprueben, un referéndum, la disolución de las cortes para la convocatoria de elecciones y un nuevo refrendo de dos tercios de la Cámara Baja. Un consenso que no existe.