Artur Mas firma hoy el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N

Todo está preparado para poner en marcha esa propaganda institucional, que se presume corta. Y es que, aunque el recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional (TC) será inminente, el Ejecutivo catalán tendrá varios días de tregua para mantener la excitación soberanista hasta que el Alto Tribunal suspenda la consulta. «David no venció a Goliat por su fuerza sino por su habilidad y astucia» , dijo el pasado jueves el propio Mas durante una visita a Lérida. Según añadió, «el adversario es más poderoso que nosotros».

El líder de CiU quiere revestir de solemnidad la firma que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat en un acto público. Los partidos que pactaron la fecha y las preguntas de la consulta independentista (CiU, ERC, ICV y CUP) fueron informados hace tres días de que, finalmente, el decreto se firmará hoy. Está confirmada la presencia de la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert.

Previamente, se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat la ley de consultas populares aprobada hace una semana en el Parlamento catalán. Se trata de un trámite necesario para que esta norma, el marco legal invocado por Mas, entre en vigor y pueda firmarse entonces el decreto que la desarrolla. Según ha podido saber ABC, el decreto está preparado desde hace días, pero el presidente catalán ha querido apurar los plazos, evitando que coincidiera con la sonada declaración de Pujol en la Cámara catalana.

Un total de 864 ayuntamientos catalanes han convocado o convocarán plenos para debatir mociones en favor del 9N y de dar apoyo logístico al Gobierno catalán. Sin embargo, queda por ver si los empleados municipales están dispuestos a descatar la suspensión del TC. El ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, avisó el jueves de que, una vez sea suspendida la ley de consultas, los funcionarios y cargos públicos que colaboren el 9N caerán en un delito de prevaricación y comportará su inhabilitación. «Todo aquel que trabaje para el 9N, ya sea alcalde, concejal, funcionario o ciudadano, será juzgado y condenado», djo Mena.

La ley de consultas establece que la campaña institucional de la consulta –sin indicar el sentido del voto– se activa al día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria y se prolonga hasta las 00.00 horas del día de la consulta (no hay jornada de reflexión). Incluirá banderolas en las calles, anuncios de televisión, radio y prensa, además de una web específica que informará del contenido de la consulta y se activará inmediatamente después de la firma del decreto.

La idea es instalar 8.000 urnas en 3.000 puntos de votación, así como someter a exposición pública la lista de participantes. Al no poderse utilizar el censo electoral, la ley de consultas prevé un registro de participación gestionado por el Instituto de Estadística de Cataluña. Está integrado por los datos del Registro de Población de Cataluña y por los del registro de catalanes en el exterior.