El Gobierno da dos meses para pactar las normas de regeneración democrática

Además, el Ejecutivo ha puesto más temas sobre la mesa y a los proyectos de ley que registró en su día, añade ahora la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado por la corrupción .

En un comunicado, el Ejecutivo señala que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los proyectos de Ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido.

Por un lado, se hablara de medidas legislativas de regeneración democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos (que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del estado (que actualizará el régimen de incompatibilidad), y las medidas penales y procesales contra la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización de los procesos judiciales).

En el marco de la negociación sobre estas medidas legislativas, y de la búsqueda de acuerdos, el Gobierno está dispuesto a incorporar nuevas medidas entre las que se encuentra el «fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados en el ámbito local», con la elección directa de alcaldes.

En este sentido, el Gobierno defiende que es una opción que forma parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España. En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una garantía, no sólo para una mayor estabilidad del Ayuntamiento, sino para una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e intereses.