ETA planea otro simulacro de desarme para forzar el acercamiento de presos

Desde marzo, integrantes de la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV) han mantenido varios contactos con dirigentes de la banda. Intentan convencerles de que propongan un «calendario de desarme», a lo que se han venido oponiendo hasta el momento, para mostrárselo al Ejecutivo vasco y que Urkullu, a su vez, se lo entregue a Mariano Rajoy .

Pero, al parecer, los cabecillas prefieren administrar sus tiempos y evitar compromisos de antemano. Sin embargo, su problema más acuciante en estos momentos son sus presos.

De los más de 400 etarras recluidos en cárceles de España y Francia , aproximadamente 250 se muestran críticos con la actual dirección. Ello, porque los presos anunciaron el pasado mes de diciembre que estaban dispuestos a acogerse a la legislación penitenciaria para impulsar su traslado al País Vasco y ETA no da ningún paso hacia su disolución , que es lo que le exige el Gobierno para mover ficha en ese sentido. Es este creciente malestar en las cárceles lo que podría empujar a la organización criminal a un nuevo «gesto».

De producirse finalmente, fuentes conocedoras de la situación creen que el anuncio trampa podría realizarse a través de la fórmula de precintar varios «zulos» ubicados preferentemente en Francia y entregar el mapa de su ubicación a los «verificadores» . Tampoco descartan una entrega simbólica a los «verificadores internacionales» de armas y explosivos , previamente inutilizados. Eran las fórmulas que se barajaban antes del burdo tenderete expuesto presuntamente en Burdeos y difundido a través de un vídeo el pasado mes de febrero. Podría ocurrir también que se repitieran los procedimientos de aquella «teatralización», pero mostrando un mayor número de armas y explosivos.

Tanto los «mediadores internacionales» como la «izquierda abertzale» coinciden en que, de anunciar un nuevo «gesto», ETA tendría que ir «mucho más lejos» que el fraude de febrero , que no cumplió ni de lejos las expectativas suscitadas en amplios sectores de la opinión pública. Entonces, los encapuchados mostraron a los «verificadores Ram Manikkalingam (Sri Lanka) y Ronnie Kasrils (Sudáfrica) un ridículo lote de armas: un fusil, una pistola, dos revólveres, balas, dos granadas y apenas 16 kilos de explosivo, cuando se sabe que tienen acumulados en Francia más de 10.000 kilos. La burla subió grados cuando se supo que tras un simple compromiso verbal ante los «verificadores» de que habían dejado las armas «fuera de uso operativo», los encapuchados se las volvieron a llevar rumbo desconocido .

Los batasunos y los hombres de Currin han venido reclamando en las últimas semanas a la banda terrorista un nuevo paso porque creen urgente desatascar lo que llaman «proceso» . En ello va el futuro de la «izquierda abertzale», empeñada en su estrategia de acumular fuerzas soberanistas, y el prestigio de los «mediadores», que admiten que no han logrado nada en la «resolución del conflicto vasco». Un reto con más resonancia internacional que los que tuvieron, con éxito, en Sri Lanka, Tanzania, Nepal o El Salvador.

Unos y otros creen que en ese objetivo de desbloquear la situación ya no sirven gestos que hace años hubieran sido asumidos, incluso por el Gobierno de turno, como un «paso positivo». En primer lugar, porque han sido ya muchas las trampas tendidas por los terroristas y ya solo vale, a juicio del Ejecutivo, la disolución definitiva e incondicional y la entrega de todas las armas . Y, en segundo lugar, la grave crisis económica o el desafío separatista de Artur Mas relegan a un plano muy secundario cualquier amago de los terroristas.

La fecha del posible anuncio también dependería de condicionantes «técnicos». No solo ETA busca las máximas medidas de seguridad para materializar cualquier movimiento, sino también los propios «verificadores». Sobre todo porque tras la farsa de Burdeos tuvieron que comparecer como testigos ante la Audiencia Nacional, donde se les preguntó sobre detalles de su encuentro con los encapuchados . Algo que no gustó ni a los terroristas ni a los «verificadores». Pero dentro de esos condicionantes técnicos, en medios de la «izquierda abertzale» se cree que podría ser en torno al 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola. Una fecha que tiene su simbología en la historia de la banda criminal.

La escasa información que se registra en agosto permitiría a los estrategas de ETA prolongar los efectos propagandísticos del anuncio e iniciar el curso político , en septiembre, con una ofensiva exigiendo al Gobierno acabar con la actual política penitenciaria. La ofensiva se trasladaría al propio Parlamento de Europa, una vez que Bildu ha obtenido representación tras los recientes comicios. En la Eurocámara, además, la «izquierda abertzale» dispone de un «lobby» potente, impulsor de la denominada «Declaración de Bruselas», que supuso el pistoletazo de salida para que Batasuna optara por las vías exclusivamente políticas y para que ETA decidiera el cese definitivo de la «actividad armada». No obstante, las fuentes consultadas precisan que el posible anuncio podría aplazarse hasta otoño, si ETA ve en el último momento que la decisión no está madura.

Expertos antiterroristas no observan fuertes discrepancias en el seno del «comité ejecutivo de ETA – «zuba» – en cuanto a la actual estrategia. Pero creen que la falta de movimientos, tras el fiasco de Burdeos, obedece a las presiones de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera» , quien ha asumido el papel de «asesor para la negociación».

En esa actitud le apoya desde el «zuba» Iratxe Sorzabal . Su detención es «prioritaria dentro de las prioridades», porque podría allanar el camino para que la banda moviera ficha. Con independencia de estos movimientos que planea ETA, desde el Ministerio del Interior se reitera que mientras no se disuelva «por las buenas», las Fuerzas de Seguridad mantienen toda su actividad encaminada a la detención del último de los pistoleros porque ello llevará a que entonces «se disuelva por las malas».