La fiscal critica que Artur Mas no acuda a Madrid a testificar

Durante la primera sesión de la vista oral que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), la representante del Ministerio Público señaló que el hecho de que haya testigos que no declaren en persona vulnera derechos fundamentales, puesto que, en su opinión, es necesaria su presencia física.

En un escrito remitido a la sala el pasado 25 de febrero, los fiscales Teresa Sandoval y José Perals se opusieron a que Mas declarase por escrito o por videoconferencia y consideraron «esencial» su concurrencia en persona ante el tribunal. Sin embargo, la petición fue rechazada. En coherencia con aquella propuesta, Sandoval expresó ayer su queja.

Tras dirimir las cuestiones previas planteadas por la fiscal y por las defensas y el resto de acusaciones (Generalitat de Cataluña, Parlamento catalán y Manos Limpias), el tribunal procedió a interrogar a los 19 acusados presentes en la sala. Sin embargo, todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía solicita para ellos (hay otro acusado que está en busca y captura) cinco años y medio de cárcel, así como una multa de 7.500 euros. Les considera culpables de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con otro de atentado contra la autoridad.

La declaración de Artur Mas como testigo —prevista para el jueves— por videoconferencia no es la única autorizada por el tribunal en contra del criterio de la Fiscalía. También lo hará la presidenta de la cámara autonómica, Nuria de Gispert, que responderá a las interrogatorio del tribunal, presidido por Fernando Grande-Marlaska, y de las partes mañana miércoles.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado. Al final tuvo que acceder a la cámara en helicóptero junto con otros diputados.

La Fiscalía asegura que los acusados protagonizaron una serie de «comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias» contra los políticos para impedir su asistencia al pleno, que ese día discutía los presupuestos catalanes.