La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la ley de justicia universal

En caso contrario, les ha preguntado si entonces debe aplicar la disposición transitoria única de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena decretar el sobreseimiento de las causa de justicia universal de forma retroactiva a partir de la entrada en vigor de esta modificación. Andreu es el último de los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que se dirige a las partes, entre ellas la Fiscalía, para que informen sobre los efectos en las causas que tramitan de la reforma de la justicia universal.

Sin embargo, ha sido el primero en plantear la posibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha posicionado a favor en el caso Couso, tal y como adelantó en la queja que remitió al fiscal general del Estado por esta reforma, al entender que limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.

Los jueces de la Audiencia Nacional se han rebelado así en contra del archivo automático de las causas a las que afecta la entrada en vigor de la reforma y uno de ellos, Santiago Pedraz, se ha negado incluso a archivar el caso Couso alegando que prevalecía la Convención de Ginebra frente a la nueva norma.

El mismo viernes el juez Eloy Velasco ya pidió informes a las partes sobre la causa en la que investiga el asesinato de seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, Pedraz hizo lo propio con la del asalto y quema de la embajada de España en Guatemala en 1980 y Pablo Ruz con sus cinco causas de justicia universal. Ayer Moreno pidió a la Fiscalía que emita un informe sobre las cinco causas de justicia universal que tramita: la del genocidio en el Tíbet, en la que China ha expresado su "fuerte malestar" en varias ocasiones por las órdenes internacionales de detención que dictó contra varios exmandatarios, entre ellos el expresidente chino Jiang Zemin.

Hoy ha sido el turno de Andreu, quien ha pedido a la Fiscalía y las partes que emitan un informe sobre las dos causas de justicia universal que tramita, entre las que figura la del ataque del Ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf, que costó la vida a 11 personas y otras 36 fueron secuestradas. La otra causa de este tipo abierta en el juzgado de Andreu es la del genocidio de Ruanda, en la que se investiga a 69 altos cargos de Ruanda por el asesinato de nueve españoles y cuatro millones de ruandeses entre 1994 y 2000, lo que llevó al magistrado a ordenar en 2008 la detención de 40 militares de Ruanda.