La caída de «Chapo» Guzmán comenzó a gestarse en España

En esas fechas un agente del FBI trabajaba mano a mano como enlace con la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía española y se habían forjado relaciones de confianza mutua, basadas sobre todo en delicados servicios contra la mafia rusa. En ese contexto comenzó en octubre de 2010 una investigación conjunta con un claro reparto de papeles y una peculiaridad: las pesquisas las encabezaban agentes encubiertos de ambos Cuerpos policiales. El trabajo no se presentaba fácil, pero «el Chapo» y la mayor organización criminal del mundo bien valían el riesgo. La Fiscalía Antidroga y el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional fueron los encargados de la instrucción, desarrollada con inusual secreto, entre otros motivos porque se permitía trabajar a infiltrados norteamericanos en nuestro territorio.

Los agentes americanos, una vez que se ganaron la confianza de la trama (hubo citas y vigilancias en New Hampshire, Massachusetts, Florida, las Islas Vírgenes, México, Brasil y España), acordaron con la gente de Sinaloa las condiciones del envío de la cocaína desde Suramérica a puertos del sur de España. Aquí, otra supuesta red (en realidad, los policías españoles infiltrados) se ocuparía de controlar la entrada de la droga y su posterior distribución, bajo la supervisión de los emisarios del clan mexicano. «Esas primeras negociaciones lo que nos descubrieron es que “el Chapo” no contaba con una estructura aquí ni con medios de transporte; necesitaban una alianza para montar una factoría de forma directa, sin intermediarios», explican fuentes policiales.

El gran capo no dejaba nada al azar, de ahí que una vez cerrados los términos del negocio empezaran las pruebas: envíos de contenedores sin droga desde Brasil y Ecuador para afianzar la seguridad de la nueva aventura empresarial (alguno de ellos pudo mandarlo el propio FBI o la DEA, que también puso su grano de arena). Enviaron cinco en total, cada mes y medio aproximadamente, cargados de piñas y plátanos a nombre de una empresa pantalla. Todos pasaron sin la aduana y llegaron a su destino.

Esa era la esperanza que mantuvo en vilo a policías norteamericanos y españoles durante casi medio año: «el Chapo», que llevaba una década gozando de impunidad y viviendo como el multimillonario que es, tenía intención de controlar personalmente la buena marcha de la empresa. En marzo de 2011 ya se supo que el «violento y manipulador» Joaquín Guzmán no se iba a arriesgar a salir de su refugio mientras Sinaloa y las zonas vecinas se desangraban en la guerra de los señores del narco. Pese a la contrariedad que supuso, la operación de los infiltrados continuó. En esa fecha cuatro hombres de su confianza viajaron a Madrid y perfilaron el trato en reuniones en el hotel Palace y en restaurantes de lujo de la ciudad, camuflados como ejecutivos mexicanos.

Confiados ya en sus nuevos socios, y con el examen de los puertos aprobado, el siguiente paso era mandar la cocaína. El contenedor cargado con 373 kilos de droga (no era cuestión de arriesgar más la primera vez) procedente de Brasil llegó al puerto de Algeciras el 27 de julio de 2012, camuflada entre piñas, y casi al tiempo los hombres del cártel volaron a España de forma separada. Al llegar no daban crédito. En lugar de encontrarse con sus nuevos socios, les esperaban los grilletes y la cárcel. La Brigada de Crimen Organizado de la Policía detuvo a Jesús Gutiérrez Guzmán, primo hermano de «Chapo», que iba a ser el jefe de Sinaloa en España; a Rafael Humberto Celaya Valenzuela, abogado del grupo y militante del PRI que se encargaría de los asuntos jurídicos; a Samuel Zazueta Valenzuela, colaborador directo del primero, y a Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, el primero que viajó para ocuparse del contenedor.

No se arrestó a nadie de la organización en España. ¿Quién iba entonces a recibir la droga y a distribuirla? Los agentes encubiertos; pero obviamente los narcos lo desconocían. Y además había que protegerlos por encima de todo, dado que «el Chapo» seguía libre y gozando de la impunidad que le ha acompañado durante trece años en su país. «Cuando caiga Guzmán se podrá hablar», dijeron entonces quienes habían encabezado una investigación de orfebre jugándosela al límite. El de Sinaloa tiene en su cuenta una larga lista de muertos de uniforme y otra más larga de uniformados corruptos. De hecho, escapó de una prisión de alta seguridad vestido de policía, y no en un carro de lavandería, como dijo la versión oficial.

Celaya, el abogado, pidió a los agentes que le guardaran un tique de compra de un gran almacén para que le devolvieran las tasas de impuestos cuando saliera de España. Otro de los narcos aseguró que era ganadero, aunque no pudo recordar cuántas cabezas tenía.

Estados Unidos pidió de inmediato la extradición de los cuatro, que se completó a finales de junio del año pasado. Se les envió también una pequeña cantidad de droga, como habían solicitado, para ser juzgados en New Hampshire, donde se les acusa de conspiración por distribuir más de mil kilos de coca. La causa se archivó en España, tal y como se había pactado.

Rafael Celaya fue entregado al FBI solo dos meses después de su arresto en Madrid. Según las fuentes, llegó a un acuerdo con agentes americanos; es decir, dio información a cambio de beneficios. Pudiera ser que la operación en España fuese el principio de la caída del «Chapo». «Todo fue mucho más rápido después. Y la prueba es que al final lo han cogido. En su país, sí, pero con mucha ayuda americana», señalan fuentes policiales sin entrar en más detalles y asegurando desconocer si el letrado es ahora un «arrepentido». «El Chapo» no ha dejado vivo a nadie que le haya traicionado.

Se señala a Celaya porque los otros tres detenidos, el primo de Joaquín Loera Guzmán y sus dos compañeros, recurrieron hasta agotar su extradición. Querían ser juzgados en España y no que se les entregara a EE.UU., como acabó ocurriendo. La última entrega fue la de Palazuelos en junio del año pasado. Con ella se cerraba la pieza española del «Chapo».