Alaya apunta a la Cámara de Cuentas andaluza como cómplice de los ERE

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada suspende la comparecencia prevista para el próximo martes de los peritos de la Intervención General del Estado y les ordena que amplíen la pericial ya realizada y «determinen qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas» a la luz de la información recibida «para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General y en definitiva para evitar la continuidad del programa 31.L a través de las transferencias de financiación a IFA/IDEA».

Por este motivo, la instructora aplaza hasta el próximo 1 de abril –«y sucesivamente en los días que se precisen– la comparecencia prevista inicialmente para el próximo martes de los peritos de la Intervención General del Estado que analizaron el uso «indebido» del «inadecuado concepto» de las transferencias de financiación por parte de la Junta para dar subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31.L y discreparon de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Dentro de la «línea de investigación abierta» ahora, la juez requiere a la Intervención General de la Junta para que «a la mayor urgencia posible y en un plazo no superior a cinco días» aporte «la parte de la Cuenta General relativa a los años 2000-2010 de IFA/IDEA, Consejería de Empleo, y todo ello referido al programa 31.L, antes 22.E», precisando que «sobre la parte de la Cuenta General que se solicita se deberán aportar los mismos y exactos documentos y anexos que entregaron a la Cámara de Cuentas de Andalucía».

Asimismo, ha solicitado a la Cámara de Cuentas que, «con la misma urgencia y en igual plazo, aporte los mismos y exactos documentos y anexos que recibieron de la Intervención General de la parte de la Cuenta General relativa a los años 2000-2010 de IFA/IDEA referido al programa 31.L».

También solicita a la Consejería de Hacienda para que, «con la misma premura», remita «los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo que hubieren remitido a la Cámara de Cuentas en los años 2000-2010», pidiendo asimismo a la Cámara para que entregue «los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo y relativas al programa 31.L que hayan recibido en esos años». «

Vista la importancia de la documentación requerida y de la línea de investigación abierta, procede ampliar la pericial a practicar por los peritos» de la Intervención del Estado a fin de que, «una vez recabada dicha documentación y examinada la misma, determinen qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas a la luz de dicha información para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General y en definitiva para evitar la continuidad del programa 31.L a través de las transferencias de financiación a IFA/IDEA».