Las claves de la reforma de la justicia universal

La mayoría parlamentaria del PP sacó ayer adelante en el Congreso la reforma de la llamada «justicia universal», que estará probablemente en vigor antes del verano. Y lo hizo en medio de una bronca con toda la oposición enfrente, y muy especialmente el PSOE, que acusó a la formación política que sostiene al Gobierno de Mariano Rajoy de «arrollar» los derechos humanos y de devolver el reloj de la impunidad a tiempos pasados.

La proposición de ley del PP pretende restringir la investigación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad a los casos en los que la causa se dirija contra españoles o contra ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o, sin darse este último supuesto, se hubiese denegado su extradición.

El texto de los populares exige, además, que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento en el que se produjeron los hechos, pero también (y a la vez) que la persona a la que se imputen los delitos se encuentre en España. Un ejemplo de un caso abocado al archivo sería el del cámara de Telecinco José Couso, a quien las tropas estadounidenses dispararon en Irak. Él es español, pero los tres procesados por su muerte no están en nuestro país ni, a juzgar por las órdenes de detención cursadas contra ellos, tienen trazas de pisarlo. Lo mismo sucede con los miembros del Ejército salvadoreño a los que se imputa el asesinato de cinco jesuitas españoles en aquel país, entre ellos el de Ellacuría.

Hace cinco años, el PSOE pactó en el Congreso el recorte de la jurisdicción universal tal y como estaba concebida hasta el momento (con carácter ilimitado) para que solo se investigaran aquellos casos en los que hubiese «algún vínculo de conexión relevante con España». Esto provocó que se cerrara abierta contra varios exdirigentes israelíes por un bombardeo sobre Gaza en el que murieron 14 civiles. El primer ministro israelí, Simon Peres, se lo agradeció a Zapatero.