Margallo explica en el Congreso el argumentario sobre Cataluña enviado a las embajadas

Si bien es habitual que el Ejecutivo remita a las legaciones este tipo de argumentarios sobre temas específicos con el fin de que las Embajadas hablen con una sola voz, no es usual que ocupen casi 200 páginas, como es el caso de éste. ERC solicitó la comparecencia del ministro en cuanto la opinión pública supo de la existencia del argumentario a finales de diciembre pasado.

El jefe de la diplomacia defenderá el jueves ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja la elaboración del extenso informe, que se ha ido actualizando en función de la evolución de los acontecimientos. Bajo el título «Por la convivencia democrática», el documento arranca alertando de la existencia actual en España de «proyectos inconstitucionales que pretenden cambios sustanciales en el modelo de Estado y la secesión de alguna de sus nacionalidades y regiones».

Frente a esas iniciativas, el Gobierno entiende que la única solución para resolver las diferencias políticas pasa por un diálogo «sin fecha de caducidad», pero que ha de ajustarse al marco jurídico común, esto es, la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, de manera que un cambio en el modelo de Estado solo lo podrían decidir todos los españoles, no solo los catalanes.

Con el argumentario, el Ejecutivo pretende contrarrestar los intentos de los independentistas de «presentar fraudulentamente como realidad la ficción de un Estado totalitario y colonizador» y explicar en cambio que «nunca Cataluña, en su historia democrática» tuvo mayor grado de autogobierno en todos los ámbitos, político, económico y cultural, que en la actualidad.

Un apartado específico se dedica a estudiar los casos de Québec y Escocia, «ejemplos», según el Gobierno español, de «cómo el imperio de la ley es el único camino para desarrollar opciones políticas», mientras que al caso de Kosovo reserva otro epígrafe.

El argumentario dedica un capítulo entero a contrarrestar las acusaciones contra España sobre un supuesto «expolio fiscal» a Cataluña y a presentar las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña (introducción de aranceles, caída de las exportaciones y del PIB, deslocalización de empresas...).