Cuenta atrás para que las autonomías asuman las competencias de la reforma local

Así lo impone la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, más conocida como reforma local , uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores; el primero, en julio de 2012, hace año y medio.

La norma entra hoy en vigor después de haber sido publicada este lunes en el BOE y pone en marcha los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.

El Gobierno asegura que es la manera de evitar duplicidades y de que los municipios se dediquen a sus competencias básicas, pero la oposición intuye que muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos privadas con coste para los usuarios.

A partir de ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán asumir un 20 por ciento anual de la gestión. En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años.

Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social. Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.

La ley dice también que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto y varias comunidades han exigido que el asunto se tenga en cuenta en el sistema de financiación autonómica y local, que el Gobierno se ha comprometido a reforma este año.

En su primera redacción, la iniciativa incluía la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó «el coste estándar», la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos. Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles.

También ha variado lo relativo al coste de los servicios, aunque la pretensión de fondo de reducir este capítulo de gasto se ha mantenido. Antes del 1 de noviembre, todos los años, las entidades locales deberán calcular el coste efectivo de sus servicios, partiendo de la liquidación de sus presupuestos. El Ministerio de Hacienda les dará unos criterios de cálculo, ellas echarán las cuentas y comunicarán los resultados al departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El resultado de estos cálculos es importante porque los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán delegar sus servicios básicos a las diputaciones (o en la CC.AA., en caso uniprovincial) salvo que «justifiquen» que los pueden prestar a un coste más bajo.