Las víctimas de ETA exigen justicia; los presos salir de prisión

Este cambio incluye, por primera vez en la historia de la banda, la asunción de la legalidad vigente -hasta ahora los etarras condenados siempre habían negado legitimidad a la Justicia «española»- y el reconocimiento del daño causado «con toda sinceridad» y muchos matices. El colectivo de presos llamado EPPK autoriza así que cada uno de sus miembros pueda optar de forma individual y «escalonada» a las medidas de reinserción previstas por el sistema, en un paso inédito por lo que supone de reconocimiento del imperio de la ley y porque hasta la fecha ETA solo exigía «soluciones colectivas».

Ésta era de hecho la principal reclamación que le hacían tanto Sortu como el PNV mediante el denominado «Foro Social» para poder redoblar su presión sobre el «muro» de «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero el Ejecutivo del PP ya ha dicho que no acercará a los presos hasta que ETA se disuelva y entregue sus arsenales.

En el texto, publicado ayer en el portal de internet de «Gara», se incorpora una alusión al sufrimiento perpetrado con más de 800 asesinatos y medio siglo de terror, aunque, como es habitual, los terroristas diluyen su responsabilidad. Se habla del «daño multilateral generado como consecuencia del conflicto» , es decir, poniendo a la propia ETA como víctima del Estado. «Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral», aseguran los portavoces del EPPK, que en paralelo denuncian «tortura» y ser víctimas de la ‘inhumana política carcelera’. En este punto exigen que «los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados, y reparando el daño causado». Nada dicen en cambio de los más de 320 casos de asesinatos de ETA sin resolver y para cuyo esclarecimiento no están dispuestos a colaborar.

Tras el comunicado de ayer, se espera que a partir de ahora los más de 600 reclusos de la banda envíen sus peticiones individuales a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, donde dicen asumir «toda la responsabilidad» de sus acciones.

Insuficiente

Aunque el objeto del EPPK es que sus presos puedan solicitar a partir de enero permisos penitenciarios, lo cierto es que la ley exige requisitos tales como el resarcimiento económico a las víctimas, su petición de perdón, la colaboracion activa con las autoridades, el repudio expreso de su trayectoria delictiva y el desmarque inequívoco de la banda y su entorno.

Y el comunicado se releva de todo punto insuficiente, ya que aunque los presos afirman su compromiso «absoluto» con el cese da la violencia de ETA de octubre de 2011, no renuncian a su militancia ni repudian su pasado en una banda a la que tampoco piden que desaparezca. De hecho, no se espera un gesto parecido, y menos después de que ETA afirmase en septiembre que «no va a renegar de su trayectoria de lucha». Tampoco lo hace Sortu, que incluso ya reivindica en público su pasado: «No estamos dispuestos a rechazar y revisar nada. Reivindicamos lo que fuimos y lo que somos», dijo Sortu a sus bases el mes pasado.

Más bien al contrario, el EPPK insiste en arrogarse su papel de agente político al reivindicar un «proceso integral que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política».

«Amnistía»

En la forma, el EPPK, al anunciar que pasará por el aro de la legalidad, sigue la estela de Sortu, que cocinó unos estatutos ajustados a la ley solo para esquivar su ilegalización. «Podríamos aceptar -dice el texto en euskera- que nuestro proceso de vuelta a casa se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena». En el fondo, ni los presos ni la «izquierda abertzale» están dispuestos a renunciar a su pasado y a sus objetivos. Y es que el comunicado, que fue remitido junto a la grabación de voz de la portavoz del EPPK Marixol Iparragirre, concluye con un elocuente: «Amnistia-autodeterminazioa» (Amnistía y autodeterminación»). Lo que ETA siempre ha buscado.

El PSE dijo ayer que se trata de un «avance sustancial» frente a las posiciones anteriores de un EPPK al que exigió que pida a ETA su disolución y al que advirtió que no habrá ningún «proceso acordado» sobre los presos más allá de las «condiciones y garantías» que prevé la ley. Fuentes del PNV afirmaron que es un «paso en la dirección correcta» por lo que conlleva de asunción de la legalidad aceptando la «vía individual como si fueran presos comunes». UPN no vio «nada nuevo» en la nota más allá que el que los presos «quieren vestirse de buenos» pero sin «arrepientense de nada».