Reforma del Código Penal: nueva regulación de la pena más dura
Gallardón justifica la prisión permanente, que tiene el respaldo del Tribunal de Derechos Humanos, como garantía de un castigo «suficiente»
La salida de prisión de etarras con numerosas muertes a sus espaldas, homicidas de menores o asesinos múltiples sin completar su castigo tiene los días contados después de que el nuevo Código Penal iniciara ayer su tramitación en el Congreso.
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La prisión permanente revisable —la medida estrella del proyecto, pero también la más polémica— asegurará una respuesta al delito «ajustada a la gravedad del hecho», según defendió ayer el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante el debate de totalidad de la inicitiva. El proyecto se encontró con la petición de devolución de toda la oposición salvo UPyD, pero superó el trance gracias al apoyo del PP. Éstas son sus claves:
40 años para delitos extraordinarios
Solo delitos especialmente graves podrán tener hasta 40 años de cárcel como respuesta. Se trata del homicidio terrorista, de jefes de Estado, genocidios, delitos de lesa humanidad y asesinatos especialmente graves, de un menor de 16 años o persona especialmente vulnerable.
Primera oportunidad
Una vez cumplida una parte mínima de la condena, entre 25 y 35 años, un tribunal revisará la situación personal del preso para comprobar si cumple los requisitos de retorno a la libertad o continúa en prisión «permanente revisable». La revisión judicial periódica de la situación del preso no existe actualmente ni para las penas máximas de 40 años ni para las acumulaciones de condena que pueden llegar a fijar periodos de privación de libertad superiores.
Acceso a la libertad condicional
Si el tribunal considera que el condenado está en condiciones de reinsertarse, establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán medidas de control destinadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a «asistir al penado» en esta fase final de su reinserción.
Opciones sucesivas de reinserción
Si por el contrario el tribunal considera que no concurren los requisitos para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para una nueva revisión de su situación. No hay tiempo máximo previsto.
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