El fiscal reafirma que no hay indicios contra la Infanta: «Si nada hay, nada se puede contar»

«La imposibilidad de concretar respecto de Doña Cristina de Borbón unos hechos con una mínima apariencia delictiva derivada de la inexistencia de elementos de prueba que la vinculen a los hechos objeto de la investigación, sigue vigente a día de hoy. Si nada hay, nada se puede contar », dice taxativamente el fiscal Horrach.

La Infanta ya fue citada, inicialmente, a declarar como imputada el pasado 27 de abril. A través de un auto fechado el 3 de abril , Castro consideraba «inevitable» que Doña Cristina prestase declaración para que se despejase «cualquier duda» sobre la intervención que hubiera podido tener en la causa. El magistrado afirmaba que era consciente de que cada uno de los indicios que señalaba en el auto, «en sí mismos y aisladamente considerados», carecían de peso suficiente «para sustentar una imputación» . No obstante, Castro consideraba que esos «indicios» hacían «inevitable» que la esposa de Iñaki Urdangarín prestase declaración para despejar «cualquier duda» sobre su intervención en el Instituto Nóos y en la empresa Aizóon .

Horrach recurrió de inmediato esa iniciativa judicial, que quedó paralizada provisionalmente. Con posterioridad, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma decidió el 7 de mayo suspender -con un voto particular- la imputación de la Infanta. La Sala pedía al magistrado que concretase más el supuesto delito fiscal del que sería autora Doña Cristina.

Fue la primera vez que la Audiencia corrigió una decisión de Castro y que el magistrado actuó en contra del criterio de la Fiscalía, que ha diseñado y dirigido la investigación desde el primer momento.

« No existen indicios de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio», señalaba el auto dictado en mayo por la Audiencia de Palma.

Aun así, la Sala dejó la puerta abierta para que el juez pudiera imputar más adelante a la Infanta por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales si la Agencia Tributaria confirmase una supuesta defraudación cometida a través de Aizóon. «La imputación queda de momento en suspenso, lo cual no quita que pueda verificarse posteriormente», indicaba aquella resolución.