España lucha por salir del suspenso internacional en transparencia y gobierno abierto

Un estudio sitúa a España en el puesto 23 en un ranking de 70 países sobre gobierno abiertoAhora, un índice de países publicado con motivo de una cumbre este jueves y viernes en Londres de la alianza sitúa a España en el puesto 23 de setenta países, una posición de suspenso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy intenta abandonar asumiendo nuevos compromisos en materia de transparencia. España se incorporó al OGP hace 18 meses.

Se trata de una iniciativa multilateral formada ya por 61 países, lanzada en septiembre de 2011 por EE.UU., Reino Unido y Brasil, que exige a los participantes asumir una serie de compromisos concretos en materias como el acceso a la información pública, el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación con la Administración, y la rendición de cuentas y la integridad de los servidores públicos.

El gobierno ha acudido a la cumbre en Londres representado por un técnico de Moncloa, y no por el titular del dossier, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para presentar una autoevaluación optimista del plan de acción [puedes consultarlo aquí ] adoptado el año pasado. Su intención es aprobar uno nuevo en el primer ley semestre del año que viene que profundice en el proceso. La reunión ha sido inaugurada por David Cameron , y ha contado con la participación de los jefes de gobierno de Malasia, Túnez o Tanzania, y con la intervención por videconferencia de John Kerry, secretario de Estado de EE.UU.

Ley de Transparencia como elemento estrella

Desde Moncloa explican que « el gran punto de inflexión en España en este campo será la entrada en vigor de la Ley de Transparencia , que estará en el BOE antes de Navidad». La nueva ley de acceso a la información era el elemento estrella de los doce puntos incluidos en el plan de acción presentado por España en Brasil. El gobierno, en su autoevaluación , lo da por satisfecho en su totalidad. Pero las organizaciones de la sociedad civil hablan solo de cumplimiento «parcial», y denuncian la falta de un auténtico compromiso político del Ejecutivo en la materia .

El proyecto de ley de transparencia está terminando el trámite de aprobación en el Senado tras ser aprobado en septiembre en el Congreso por PP, PNV y CiU. Pero está llamado a ver la luz, también, en zona de suspenso con respecto a los estándares internacionales. Según un análisis de la ONG Access Info Europe –una de las más activas en la exigencia de una ley de transparencia en España– y el Center for Law and Democracy, la nueva ley española ocupará solo el puesto 75 de las 96 existentes en todo el mundo cuando entre en vigor.

Critican sobre todo que el Consejo de la Transparencia, el órgano llamado a imponer el espíritu y la letra de la ley a las Administraciones Públicas, dependa del Ministerio de Hacienda, y que la definición de documentos excluya elementos clave para controlar el proceso político como los informes y borradores que preceden a una decisión. Frente a estas críticas, otra fuente del Gobierno apela al realism o.

«Hemos querido aprobar una ley que de forma realista podamos cumplir»«Habrá que profundizar y modificar la ley muchas veces, pero hemos querido aprobar una ley que realistamente podamos cumplir una vez esté en vigor», explica, en referencia a la transformación burocrática, política y presupuestaria que implica la cultura de la transparencia. Varios expertos consultados en julio por ABC coincidían en destacar la importancia de la transparencia para dar el salto hacia una democracia avanzada .

De los otros once compromisos con los que España llegaba a la cumbre de Londres de la Alianza por el Gobierno Abierto, según Access Info Europe, «solo 4 tienen una relevancia directa para el gobierno abierto en España: la aprobación de una ley de transparencia, la publicación de datos sobre la ayuda al desarrollo, la publicación de estadísticas de criminalidad y el impulso de las redes sociales para facilitar la participación ciudadana».

Ningún país alcanza el sobresaliente

Entre el resto de compromisos figuran iniciativas en materia de gobierno electrónico (poder realizar trámites y comunicar con la Administración online) en el campo de la salud, por ejemplo. Y es que bajo la etiqueta de gobierno abierto se esconden todavía nociones muy diversas. El gobierno británico incluía en su plan de acción la presencia de información electrónica sobre llegada de autobuses en las paradas, algo habitual en muchas ciudades españolas desde hace tiempo.

De hecho, ningún país ha alcanzado todavía la zona del sobresaliente , según el estudio comparativo publicado esta semana por la Open Knowledge Foundation. La tabla de países más «abiertos» [puedes consultarla aquí ] está liderada por Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y Holanda pero, en general, destacan que solo el 12% de las bases de datos oficiales son realmente accesibles y reutilizables. El estudio ha sido realizado a partir de entrevistas subjetivas comparando la información presupuestos y gastos públicos, resultados electorales, registro público de empresas o emisión de contaminantes.

La filosofía del «open data» o datos abiertos exige que la información que los gobiernos ponen a disposición de sus ciudadanos cumplan una serie de requisitos, como que sean accesibles, gratuitos, y reutilizables. «Para desarrollar de verdad los beneficios del open data, los gobiernos deben hacer algo más que colgar unas cuantas hojas de cálculo online», explica Rufus Pollock, responsable de la fundación autora del estudio.

Más allá de su posición actual en el tercio inferior del ranking, España se ha sumado a un carro con cada vez más predicamento global con el pie cambiado . Y no ha sido capaz todavía, según coinciden varios observadores, de dar el impulso político que requiere lo que el gobierno Cameron no duda en calificar de revolución. «Ha llegado el tiempo de la transparencia», proclamaba ayer Francis Maude, ministro de Presidencia británico e impulsor de la modernización de la Administración británica.

El lenguaje del llamado «open government» o gobierno abierto es ajeno a la pesada tradición burocrática española, opaca, napoleónica y recelosa del ciudadano. Mientras líderes como Barack Obama, David Cameron o Dilma Roussef proclaman su fe en la noción de «accountability», de un gobierno que rinde cuentas ante sus ciudadanos, el español carece de un término para referirse a ello. «El gobierno abierto está empujando la revolución de la transparencia en todo el mundo», dijo ayer el primer ministro, David Cameron, en su discurso inaugural [puedes consultarlo aquí ].

«Y, en la carrera global actual, es un elemento vital de la estrategia de prosperidad de cualquier país», añadió, antes de aceptar con total naturalidad preguntas de los presentes. Unas palabras y una actitud accesible ausentes por ahora en España. El actual gobierno del Partido Popular, recién llegado al poder, preparó el plan de acción en 2012 de forma apresurada y sin consulta pública. Según los críticos, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría tenía prisa por incorporarse al club del Open Government para señalar el compromiso del gobierno con las exigencias de mayor transparencia que emanaban de una ciudadanía «indignada».

Plan español sin consulta pública

Por definición, un plan sobre gobierno abierto debe hacerse con la participación de la sociedad civil . Así está haciendo uno de los últimos en llegar al club, Irlanda, que dialogará con ciudadanos y organizaciones durante un año antes de elaborar sus propios compromisos en la materia. «Nuestro objetivo es llevar al dominio público toda la información que pueda y deba ser llevada al dominio público», explicaba ayer Brendan Howlin, ministro irlandés de Gasto Público y Reformas. Nueva Zelanda, otro de los recién incorporados al Open Government Partnership, permite que sus ciudadanos evalúen cada seis meses el cumplimiento del gobierno de sus propios compromisos. Y se ha propuesto que en 2017 puedan realizarse online el 70% de las transacciones más habituales con la Administración.

En el caso del actual gobierno español, muchas ONG del sector se quejan de que el gobierno avanza sin consultar a la sociedad civil, como exigen los estándares internacionales. El Ejecutivo español ha abierto un proceso de consulta sobre la evaluación del plan de gobierno abierto pero, según denuncian varios conocedores del proceso, no lo ha publicitado. «Para avanzar hacia un gobierno abierto, el gobierno debería empezar a escuchar a la sociedad civil , la ley de transparencia es insuficiente y su relación con la sociedad civil que trabaja en el Open Government es inexistente», explica Victoria Anderica, de Access Info Europe.

«Desde la sociedad civil tendemos la mano a que esto cambie para que el plan de acción de 2014 sea común», añade. «No tenemos ninguna duda de que si el gobierno trabajara de la mano con la sociedad civil, tal y como predican los principios del OGP, tendríamos mejores resultados, pero hasta el momento ninguna de las demandas de la sociedad civil ha sido escuchada», denuncia. Varias fuentes consultadas coinciden en señalar que el plan de acción original solo ha sido publicado en inglés en la web de la propia alianza, lo que equivale –creen– a una muestra de la falta de interés político que denuncian.