Transparencia empresarial: el poder de las compañías americanas, al desnudo

Fue entonces cuando el objetivo de la cámara de Brad Lichtenstein, cineasta y documentalista, enfocó hacia la villa norteamericana y retrató los problemas a los que se enfrenta un país en el que los líderes empresariales se alinean con los gobiernos —como hizo en Janesville el recién elegido gobernador Walker— para promover una agenda de negocios favorable a las empresas, con la premisa de que ello las atraería a la ciudad. Estaban en juego los derechos de los trabajadores, la justicia fiscal y el bienestar de un estado en guerra. Como va Janesville, va América.

Janesville regaló una gran cantidad de dinero público a una empresa para que se instalase en la ciudad, sin que hubiera ni siquiera una vista pública. Brad Lichtenstein estaba indignado. «Ninguna de las personas con las hablé parecía tener un problema con esto y ocurre todos los días en todos los Estados Unidos, y probablemente en toda Europa también», explica a ABC.

«Mi respuesta fue ' BizVizz' , una manera de hacer más consciente a la gente de las prácticas empresariales en lo que respecta a los impuestos, el dinero público y la democracia». «BizVizz» es una aplicación de Apple que permite tomar una fotografía de una marca comercial y desnudar toda la información sobre las subvenciones estatales que recibe, campañas de partidos políticos que financia e impuestos que paga la empresa. [ Pincha aquí para ver cómo funciona «BizVizz» ]

La información es poder y acceder a ella, un derecho de los ciudadanos. Lichtenstein se puso manos a la obra y contactó con distintas empresas y asociaciones pro-transparencia, con el único objetivo de devolver al pueblo lo que es suyo, la información pública que le pertenece y que a menudo desconoce.

General Motors ni siquiera es un caso paradigmático, según indica Lichtenstein. Aunque recibió más de 1,4 millones de dólares en subsidios, la quiebra y el posterior rescate del gobierno de EE.UU. hacen que sea un caso especial. Más paradigmático es el de General Electrics, que «presiona duro para seguir pagando menos de cero impuestos». Lichtenstein habla de que incluso bajo el «secuestro» de Estados Unidos —un paquete automático de recorte del gasto público de la administración norteamericana, que entró en vigor el 1 de marzo — el gigante eléctrico consigue que el Gobierno le pague más en subvenciones de lo que la compañía paga en impuestos. «Es una cuestión de poder e influencia», añade el cineasta.

Pero, ¿qué ocurre en España? Cuando un conglomerado empresarial se instala aquí, ¿qué recibe a cambio? Dar con esa información parece misión imposible.

Desde Acces Info Europe, una organización no gubernamental pro-transparencia, la investigadora legal Victoria Anderica asegura que parte de la información con la que trabaja «BizVizz» no es pública en España. Y si es pública, no está publicada, e intentar acceder a ella es entrar en un laberinto que pocas veces tiene salida.

El primer problema que encuentra Victoria es que la información que pudiera ser pública, como la que forma parte del Registro Mercantil, no está agregada. Se pierde y dispersa por numerosos documentos en distintos registros públicos. Además, para poder reutilizar esta información y crear una base de datos, primero habría que pagar por ella —pagar por una información que es pública y que, por tanto, pertenece a la ciudadanía, lo que «no parece muy justo», en palabras de Victoria— y en muchos casos, se estaría cayendo en una violación de la ley de protección de datos, bajo cuyo amparo algunas de las empresas que se vieran reflejadas en la misma podrían solicitar la retirada inmediata de su nombre.

Sobre las subvenciones que reciben estos «lobbies» empresariales, parece evidente que el Estado debería tener una lista de las empresas a las que subvenciona, «pero no se le puede pedir ni siquiera información sobre contratación pública. O no te la dan o te dicen que no la tienen». Cualquiera de las opciones es igual de terrible. Por ello, recuerda Victoria, la transparencia no es solo una cuestión de qué información está disponible, sino también de «cuál no y por qué».

El abogado especializado en Derecho Tecnológico, Jorge Campanillas, recuerda que la Ley de contratos del sector público obliga a la publicación de los mismos, pero quedan exentos los que se consideren contratos menores (máximo de 18.000 euros para los de prestación servicios o 50.000 € para los de obras). Coincide con Victoria: «El problema es lo difícil que es encontrar toda esa información o lo desperdigada que se encuentra».

Por eso, la mayoría de trabajos de periodismo de datos de este tipo que se realizan en España se basa en filtraciones. «La información es delicada y no nos la dan. En 2012, por ejemplo, solo un 14% de las peticiones de información tuvo respuesta», se lamenta.

En EE.UU la labor de recopilación tampoco es un camino de rosas. Aunque la información pública no es tan difícil de conseguir, «está enterrada en documentos largos y complicados que requieren un esfuerzo para recorrerlos y extraer los datos relevantes», señala Lichtenstein. «Es un trabajo duro y no es algo que un ciudadano medio vaya a hacer. Es por eso por lo que creamos BizVizz, para que un ciudadano pueda tener un acceso rápido y fácil a la información».

«No están diciendo toda la verdad». Brad Lichtenstein explica que las empresas invierten grandes sumas de dinero «diciéndole a la gente lo buenos que son haciendo donaciones altruistas y proporcionando puestos de trabajo». «Cortejan a los políticos, desde el Presidente hacia abajo, para formar parte de una puesta en escena que impulsa esta creencia. Pero lo que no dicen es cuántos subsidios del Gobierno reciben o los pocos impuestos que pagan, si es que los pagan».

«Crear conciencia para que la gente vea la influencia corruptora del dinero en nuestra democracia y valores» es el objetivo de BizVizz. Pero no es suficiente. Brad y su equipo quieren mover la atención a temas como la reforma fiscal, la reforma de la financiación de las campañas políticas o la «caza furtiva», la práctica corporativa de amenazar con abandonar una comunidad a menos que ofrezca incentivos fiscales.

«Las empresas hacen esto para enfrentar a una comunidad contra otra en una cínica estratagema para hacer uso del dinero público. Las ciudades, o pagan o no obtienen los puestos de trabajo», denuncia Lichtenstein.

Lo que ocurrió con Janesville no es difícilmente extrapolable. Cuando el paro es una de las mayores preocupaciones no sólo en EE.UU. sino también en Europa y en España, la posiblidad de que una multinacional venga al país para crear numerosos puestos de trabajo es tan atractiva como cegadora.

Cualquier proyecto empresarial de gran calibre que el Gobierno pretenda poner en marcha y desate críticas o polémicas es vendido con el pretexto de que generará empleo. «Muchas compañías perpetúan el mito de que si aumentan los impuestos, la creación de empleo va a bajar», señala Lichtenstein. El cineasta se centra en el empresario multimillonario norteamericano Nick Hanauer, quien en una charla en TED —una organización no lucrativa dedicada a «ideas que vale la pena difundir» que organiza charlas y conferencias—, echa por tierra el mito y señala que «una clase media fuerte crea puestos de trabajo, no los recortes de impuestos y exenciones fiscales o el 'offshore' de las ganancias (llevarlas a paraísos fiscales)».

Desde Acces Info Europe, Victoria Anderica insiste en que es necesario conocer si una empresa tiene sus cuentas al día, las subvenciones que recibe o, sencillamente, si habrá contraprestaciones a su instalación en España. Y se vale del ejemplo de magnate Adelson y Eurovegas: «Imagina lo importante que es conocer el 'comportamiento' de una empresa que va a montar un casino en España».

Si como va Janesville, es como va América, no dista mucho de como va España. Salvo porque aquí una aplicación como «BizVizz» es, todavía, impensable. Mientras España aguarda la andadura en el Congreso de una Ley de Transparencia que califique, por fin, como un derecho ciudadano el acceso a la información, asociaciones pro-transparencia temen por sus carencias.

Campanillas recuerda que la Ley de reutilización de la información pública podría servir como base para crear una aplicación como «BizVizz» que recopilase toda la información de una empresa. «Se podría solicitar la información a la Administración Pública o, en su caso, acudir a los portales 'open data' —portales de información abierta—». Ejemplo de ello es el que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco a disposición de reutilizadores.

«Opencorporates», otro portal dedicado a recopilar información sobre empresas de todo el mundo, invirtió tiempo y esfuerzo en desmenuzar el Boletín Oficial del Estado en busca de datos sobre empresas españolas, pero la información que logró fue casi anecdótica en comparación con la que obtuvo de otros países.

El primer paso es una Ley de Transparencia. Los que vengan a continuación dependerán de la voluntad política y empresarial y de la presión ciudadana.