La Ley de Transparencia sale adelante sin el apoyo del PSOE, IU y UPyD

El texto debatido hoy continuará su tramitación parlamentaria en el Senado. En caso de que la Cámara Alta no lo modifique, la ley quedará definitivamente aprobada pero si introduce cambios, éstos deberán ser ratificados o rechazados por el Pleno del Congreso.

«No es la que queríamos» ni «la que podría haber sido», ha justificado el PSOE intentando buscar argumentos para el papelón que le ha adjudicado la dirección del grupo esta mañana: rechazar un proyecto que recoge buena parte de sus propuestas y que ha negociado con el Gobierno durante los últimos meses.

A la vista de que la posición obedece a una decisión de partido, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría , ya no ha intentado el acercamiento en el debate aunque ha dejado abierta la vía de la negociación durante la tramitación del proyecto en el Senado, donde se dirigirá el texto tras la votación de esta tarde. « No descansaremos para que puedan incorporarse muchos más (grupos)» ha prometido la número dos del Gobierno, antes de advertir a sus señorías de que «la democracia se debe seguir construyendo y regenerando cada día» y que «esta ley es un paso humilde pero un paso más para hacer más fuerte la democracia».

Por su parte, Esteban González Pons, destacó que, según Transparencia Internacional España con esta ley la administración pública española se hace «de cristal » y pidió a los grupos parlamentarios que voten «a favor de la claridad», pues el país no puede continuar «en la opacidad y en la penumbra».

Un primer paso

El contenido de esta ley será de obligado cumplimiento para las entidades privadas que perciban del erario público más de 100.000 euros anuales o que la mitad de sus ingresos procedan de una subvención, «siempre que alcancen, como mínimo, 3.000 euros».Tambien alcanzará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones emrpesariales así como a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social entre otras.

Además, habrá un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley , iniciando las actuaciones necesarias para tal fin y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.