La Junta, UGT y CC.OO. pactaron una ayuda bajo cuerda para desconvocar una huelga

El ex alto cargo de Empleo y uno de los principales imputados en la trama de los ERE fraudulentos abortó en 2006 la huelga general convocada en el servicio de limpieza suscribiendo pólizas a favor de las empresas concesionarias del servicio con cargo a la partida 31-L (el denominado «fondo de reptiles») de las cuentas autonómicas. La Junta intervino en el conflicto por mediación del secretario general de CC.OO. en Andalucía, Francisco Carbonero , quien concertó con el exdirector una «reunión confidencial» en un hotel de Málaga para arreglar el problema, según el testimonio del presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón Arango , quien intervino en las negociaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en un atestado entregado en diciembre a la juez que instruye el caso de los ERE falsos , Mercedes Alaya , que «fue este sindicato el que planteó y presionó para que el conflicto fuese solucionado por la Dirección de Trabajo de la Junta».

Dinero por «paz social»

El testimonio de Jardón ante la Guardia Civil en enero de 2012 retrata la pasmosa ligereza con que el Gobierno andaluz despachaba, sin ningún filtro legal, expedientes con ayudas millonarias para comprar «la paz social».

El empresario relató a los agentes que en una reunión mantenida en la sede de Confederación de Empresarios de Andalucía en Sevilla, donde «estaban presentes también tres representantes de CC.OO., Rafael Hueso, Juan Mancilla y un tercero que cree que era el secretario general de CC.OO. en Andalucía [Francisco Carbonero], éste último indicó que el conflicto debía ser solucionado por la Junta de Andalucía».

En presencia de los demás, «llamó por teléfono directamente al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, indicándole que había que buscar una salida al conflicto, acordando una reunión confidencial en un hotel de Málaga para tratar este tema», según expone el atestado policial.

Cuatro días después tuvo lugar la reunión secreta, a la que asistieron el coordinador de limpieza de UGT, José Bocanegra; el dirigente de CC.OO. en Granada Rafael Hueso y la secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CC.OO.-A, Juana Mancilla; Francisco Jardón, Guerrero y el delegado de Empleo de la Junta en Granada, Luis Rubiales. Álvaro Mollinero, representante de FCC S.A., aseguró que también estaba presente el actual líder regional de CC.OO.

«Lo paga mi departamento»

En dicho encuentro, que se celebró en abril de 2006, el exdirector de Trabajo dirigiéndose a Rafael Hueso le preguntó por el dinero que era necesario para llegar a un acuerdo. Después de un cálculo «a ojo» del sindicalista, Guerrero le respondió literalmente: «Eso lo paga mi departamento».

A esta reunión siguió otra «informal» para ratificar el acuerdo marco con las subidas salariales suscrito en 2005. El exdirector de Trabajo tomó la palabra para destacar que la Junta «disponía de una partida presupuestaria para este tipo de conflictos como los que se estaban dando, como el de Santana [la extinta factoría automovilística de Linares en Jaén] y las Minas».

El propio ex alto cargo de Empleo confirmó que, ante las «exigencias» de los sindicatos, se comprometió de palabra y por escrito a imputar al presupuesto autonómico el coste de las subidas salariales que los trabajadores reinvindicaban a Cespa SA y FCC S.A..

Debido la falta de fondos en la Consejería de Empleo -según detalla el informe policial-, «esta garantía de pago se materializó a través de la suscripción de unas pólizas» sufragadas por la Junta y en las que figuraban como beneficiarias Cespa y FCC S.A.. Pura ingeniería financiera. De esta forma pretendía reembolsarles el dinero adelantado por subir los salarios. La cantidad (276.222 euros a cada una) fue abonada mediante el sistema de «pagos cruzados». Guerrero ordenó a las aseguradoras y mediadoras el desvío de fondos para costear las pólizas.

Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo y hasta ahora el imputado de mayor rango en la trama, se percató años después, en 2009, de que el compromiso adquirido por Guerrero era ilegal. Y en un correo electrónico escribió de su puño y letra: «Remitir D. Juan Márquez [sustituto de Guerrero]. No existe tal obligación. No podemos asumirla. No es legal». Sin embargo, su sucesor en la Consejería de Empleo, Manuel Recio, ya en la etapa de José Antonio Griñán, siguió costeando las pólizas a sabiendas de que eran irregulares, advierte la Guardia Civil.