Guerra de protestas entre Madrid y Londres por Gibraltar
El encargado de negocios de la Embajada, Ramón Gandarias, se ha reunido con el secretario de Estado de Exteriores británico para trasladarle la posición de España
La escalada de protestas y acusaciones entre España y el Reino Unido ha vivido este viernes nuevos episodios. Uno de ellos fue la decisión del Gobierno británico de convocar al embajador de España en Londres para expresarle su «seria preocupación por los retrasos en la frontera entre Gibraltar y España», en alusión a las largas colas de vehículos registradas el pasado fin de semana en el paso por la Verja que separa el Peñón de La Línea de la Concepción.
A la cita del Foreign Office ha acudido el encargado de Negocios, Ramón Gandarias , al estar ausente el embajdor, Federico Trillo, y los británicos le han pedido también que España dé garantías de que los registros exhaustivos a los automóviles al salir o entrar en Gibraltar «no se repetirán» este fin de semana, según un comunicado del Foreign Office. Las esperanzas de Londres no parece que vayan a cumplirse, ya que este viernes volvieron a producirse largas colas, como consecuencia de los controles aduaneros. A las siete y media de la tarde, el tiempo para salir del Peñón era de una hora y media.
En el comunicado emitido por el Foreign Office, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para la Commonwealth, Hugo Swire, denuncia los «largos retrasos» de «hasta siete horas» registrados los días 26, 27 y 28 de julio–que asegura se repitieron el día 30– y los considera «totalmente desproporcionados».
Según Swire, estas «alteraciones» en el flujo aduanero tiene «un impacto directo en la prosperidad y el bienestar de las comunidades de ambos lados de la frontera». «La posición del Gobierno de Reino Unido es que estos retrasos son injustificados, inaceptables y no tienen cabida en una frontera entre dos socios de la UE», subraya el comunicado.
La convocatoria formaliza la protesta que ya transmitió el pasado domingo por teléfono el titular de Exteriores británico, William Hague, a su colega español, José Manuel García-Margallo . Éste le respondió que España tiene la responsabilidad y la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa en materia aduanera en cuanto a la circulación de personas, la detección de la evasión fiscal y la lucha contra el contrabando y otros tráficos ilícitos.
En el mismo sentido, el encargado de Negocios español, reiteró a su interlocutor británico, que, dado que Gibraltar no pertenece al espacio Schengen, España tiene la obligación de hacer esos controles «en una zona donde hay frecuentes tráficos ilícitos» y descartó que sean una respuesta a ningún tipo d emedida, segñun un portavoz de Exteriores.
Por su parte, el Gobierno gibraltareño, que ayer emitió una nota expresando su satisfacción por la convocatoria del embajador, anunció hace días la presentación de una queja ante la Comisión Europea porque considera que los retrasos fueron provocado «deliberadamente» por las autoridades españolas». blas autoridades españolas están provocando «deliberadamente» retrasos en la frontera.
Lanzamiento de bloques de hormigón
Ante eso, García-Margallo declaró este jueves a Europa Press que «la diferencia es que nosotros estamos cumpliendo estrictamente la legislación y el Gobierno de Gibraltar ha escogido una política de hechos consumados violando la legislación europea, entre ella la legislación medioambiental». El ministro se refería así al lanzamiento al mar por Gibraltar de varias decenas de bloques de hormigón con pinchos en aguas que rodean el Peñón y en las que suelen faenar los barcos pesqueros españoles. Tras ese incidente, España convocó al embajador britanico en Madrid, Gilles Paxman, para expresar su protesta formal, por una acción que los gibraltareños enmarcan en la construcción de arrecifes para dar cobijo a distintas especies marinas.
El Ministerio español de Agricultura presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, porque los bloques han sido lanzados sin ningín tipo de autorización y considera que afectan a la actividad de los pescadores, incumpliendo distintas normas medioambientales.
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