El Gobierno aplaza la aprobación de la reforma local

En principio, estaba previsto que el Gabinete abordase este viernes la aprobación de este proyecto, y así lo anunció días atrás el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Finalmente será en otra reunión del Consejo de Ministros cuando se dé el visto bueno a esta iniciativa que pretende mejorar los servicios que prestan las entidades locales.

El objetivo de la reforma es evitar las duplicidades y el desempeño de competencias impropias, así como lograr el equilibrio financiero, para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local, según ha subrayado en varias ocasiones Beteta. Desde el Gobierno se ha insistido en que la reforma busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que no atiende sólo al ahorro y la austeridad en la administración local.

El texto del anteproyecto fue aprobado el pasado 21 de mayo por la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y remitido al Consejo de Estado , quien en su dictamen sobre la reforma consideró que el cambio supondrá un «marco competencial más estrecho», «una considerable restricción» y el «debilitamiento» de la autonomía municipal.

A pesar de estas apreciaciones hechas por el máximo órgano consultivo del Gobierno, presidido por José Manuel Romay Beccaria, el Ejecutivo se ha mostrado razonablemente satisfecho con su reforma, aunque dispuesto a introducir las modificaciones que consideren pertinentes, porque no creen que con ello se vaya a alterar el espíritu de la ley.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el Consejo de Estado ha «avalado la constitucionalidad de la reforma» y ha atribuido sus recomendaciones a que el objetivo es que la ley dure muchos años .

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el del coste estándar , que ahora parece que va a ser sustituido por el coste efectivo que permitirá que los municipios no queden fuera de la prestación de servicios en muchas zonas, de manera que ya no se contemplaría la intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Consejo de Ministros aprobará, en cambio, el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio. Un texto que pretende regular, en esos casos, la custodia compartida de los hijos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró el pasado mes que antes del verano presentaría este anteproyecto. Según explicó en el Congreso, se trata de impulsar una ley única y nacional que modifique el Código Civil para que sea el juez el que decida, en casos de divorcio o separación, el régimen de custodia de los hijos teniendo en cuenta el interés del menor y tras recabar los informes de las distintas partes afectadas.

Entonces, Ruiz-Gallardón reconoció que la regulación prevista en el Código Civil ha quedado obsoleta y apostó por buscar el consenso para eliminar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los procesos de ruptura.