La Moncloa cree que el segundo gran pacto será la transparencia

Fuentes próximas a la vicepresidenta señalaron que el acuerdo se producirá con los grupos «que han querido» una ley de Transparencia , es decir con el PSOE, CiU y PNV, y no con UPyD e Izquierda Unida, que, en su opinión, «buscaban algo totalmente distinto», presentaron sendas enmiendas de devolución de la ley y no han buscado el consenso.

De momento, el próximo martes concluirá el plazo para presentar enmiendas parciales, tras prorrogarse una semana. El Gobierno no prevé que vuelve a prolongarse ese plazo, ya que hasta ayer por la tarde nadie lo había solicitado. En los últimos contactos que ha mantenido con la oposición se ha producido un acercamiento decisivo para sellar el pacto , a la espera de cerrar los últimos flecos, que tenían que ver con la extensión que abarca la ley.

Casa Real, de forma expresa

En su origen, iba a tratarse de una norma centrada en la transparencia de las administraciones públicas, pero poco a poco incluyó otro tipo de instituciones y agentes privados cuando desarrollen su actividad con fondos sustancialmente públicos. Así, se incluirá a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y aquellas entidades que se financien con dinero público. La primera institución que se incorpora de forma expresa en la norma es la Casa Real , que se someterá al mismo régimen de transparencia que el Congreso o el Tribunal Constitucional.

La Iglesia estará sometida también a esta ley , pero no se mencionará de forma expresa, según las fuentes consultadas. De hecho, en la norma se fijará un porcentaje de financiación pública que debe tener una institución para quedar bajo la vigilancia de la ley. Ese porcentaje podría estar entre el 40 y el 50 por ciento como mínimo. Además, el Gobierno quiere añadir una cantidad mínima a partir del cual rija también la ley de transparencia, con independencia del porcentaje de la financiación total. Bajo esas premisas quedarán distintas instituciones, como la Iglesia, que no aparecerán de manera explícita en el texto de la ley, según las previsiones de La Moncloa.

Las empresas privadas que gocen de financiación pública y cumplan esos requisitos estarán incluidas también. Por ejemplo, las del sector automovilístico con ayudas públicas.

En principio la ley podría estar aprobada en el Congreso en julio, pero las obras en la cubierta pueden cambiar los planes, ya que el Pleno tendría que celebrarse en el Senado, con votaciones a mano alzada, lo que haría eterna la votación de las cerca de 200 enmiendas que se esperan. Por eso la aprobación podría posponerse a septiembre.