Los altos cargos que oculten o silencien sus gastos públicos serán sancionados

Estado, comunidades, corporaciones locales así como la actividad legislativa y judicial estarán sujetos a la nueva normativa. Sueldos, dietas, viajes, subvenciones, asesores, contratos, presupuestos... no hay límites. Sólo dos excepciones, las solicitudes que entren en colisión con la protección de datos o con la seguridad del Estado. Se podrá conocer así, en qué se gasta hasta el último euro de dinero público.

Vulnerar la normativa no saldrá gratis. El cargo público que decida ignorar las peticiones de los ciudadanos se enfrentará a infracciones administrativas que podrán derivar en sanciones. Más aún, habrá responsabilidades penales, como ya anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para todos aquellos responsables públicos que pongan en riesgo la viabilidad económica de una administración.

Se busca que los políticos «tengan claro lo que se debe hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras», ha explicado Sáenz de Santamaría. La nueva ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno también será de obligado cumplimiento para todas las personas privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.

El Ejecutivo está convencido de que esta legislación será muy bien acogida por la población, máxime ante los abundantes casos de corrupción que salpican a la clase política en los últimos meses, sobre todo en Andalucía . Tal es así que dentro del propio equipo del Gobierno, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha intentado estos días alimentar su vinculación con el proyecto —limitada a consultas y temas técnicos como la fijación de plazos— en busca de réditos políticos.

El borrador de la Ley del texto, desarrollado directamente por el equipo de la vicepresidenta, podrá ser complementado o modificado a instancias de la propia ciudadanía antes de ser aprobado. Sáenz de Santamaría ha decidido habilitar un plazo de diez días —que empezará a correr el próximo lunes— para que cualquier ciudadano pueda realizar aportaciones al texto. Para ello, todas las páginas web institucionales contarán con un anuncio o banner que trasladará al interesado a un formulario en el que exponer sus sugerencias. Una vez concluida esta fase, el Gobierno seleccionará las informaciones que pasan a considerarse de interés público y, por tanto, a revelarse por defecto. Este será el caso, apuntan fuentes del Ejecutivo, de las subvenciones.

Para facilitar el seguimiento de toda esta información, el Gobierno desarrollará el Portal de la Transparencia que recogerá la documentación que se considere de interés público y dará respuesta a las peticiones de los ciudadanos.

Con esta nueva legislación, el Ejecutivo pretende cubrir el déficit de España en transparencia de sus administraciones. No en vano, nuestro país comparte con Chipre, Malta y Luxemburgo el dudoso honor de ser uno de los pocos países europeos que no cuenta con legislación obligatoria en este sentido. La oleada de escándalos muestra sus consecuencias.