Veinte de los manifestantes que asediaron el Parlamento catalán serán juzgados

Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se rechazan los recursos presentados por las defensas contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 3 de abril.

La fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval solicita cinco años y medio de cárcel para los acusados, al considerar que provocaron «un fundado temor en la seguridad» de los diputados que intentaban entrar en la cámara. Les atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad.

El Parlamento catalán pide tres años de cárcel para los acusados por el primer delito, mientras que la Generalitat solicita la misma pena para cuatro de ellos. Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, solicita ocho años y medio de cárcel.

Amenazas a un diputado ciego

Entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación, ocurridos el 15 de junio de 2011, se encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del Parlamento catalán. Uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear. Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta del coche, lo que no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado.

De igual modo, según la Fiscalía, los manifestantes increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos al diputado ciego de CiU Josep Maria Llop y «golpearon repetidas veces con los brazos en alto» a Alfons López Tena (SI).

Algunos diputados tuvieron que acceder al recinto de la cámara autonómica usando un helicóptero.