Fernández Díaz desautoriza el intento de la UDEF de vincular donaciones al PP con concesiones de obra

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Fernández Díaz ha recordado que cuando la Policía actúa como policía judicial, como en el caso de la investigación de los documentos del extesorero del PP, «está a las órdenes del juez y no del ministro del Interior».

Pero, en cualquier caso ha asegurado que no le consta que haya ningún informe de la Policía que «establezca una relación de causa efecto entre una cosa y la otra (las donaciones y los contratos)». «Eso lo desmiento tajantemente», ha apostillado.

El informe de la UDEF, que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, concluye que los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política.

En el informe se detalla la existencia de «19 donantes identificados», entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones superiores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral.

En cualquier casos, la UDEF no ha incluido en su informe ni los contratos millonarios que también recibieron esas mismas empresas constructoras de Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno central del PSOE. Incluso, se hace hincapié en los contratos adjudicados hasta 2012, más de cuatro años después de que Luis Bárcenas dejase de ser tesorero del Partido Popular.

En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF aprecia «una continuidad en las aportaciones» durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe «una concentración (de aportaciones) en un momento determinado» que suele coincidir con el de «mayor volumen de contratación».