El Gobierno regulará la actividad de los detectives privados
Jorge Fernández Díaz, en el Congreso - efe
consejo de ministros

El Gobierno regulará la actividad de los detectives privados

Interior trabaja en una legislación que prohíba el espionaje si vulnera la intimidad de las personas

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El Consejo de Ministros tramitará este viernes el anteproyecto sobre la futura ley de seguridad privada, que impone mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohíbe el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.

La reunión del Gabinete estará presidida por Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos los ministros excepto el de Economía, Luis de Guindos, quien se encuentra de viaje oficial en Dublín.

Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar el sector al extraordinario auge experimentado debido, entre otros motivos, a la innovación tecnológica.

Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.

Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas «cautelas», como la obligación de «velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado».

Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial. La ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.

El objetivo es hacer más «compatibles» y «complementarias» las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.