El Gobierno regulará la actividad de los detectives privados

El Consejo de Ministros tramitará este viernes el anteproyecto sobre la futura ley de seguridad privada , que impone mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohíbe el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.

La reunión del Gabinete estará presidida por Mariano Rajoy , y a ella asistirán todos los ministro s excepto el de Economía, Luis de Guindos , quien se encuentra de viaje oficial en Dublín.

Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar el sector al extraordinario auge experimentado debido, entre otros motivos, a la innovación tecnológica.

Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz , anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.

Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas «cautelas» , como la obligación de «velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado».

Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo , que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial. La ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.

El objetivo es hacer más «compatibles» y «complementarias» las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.