jefatura del estado
La Casa del Rey pidió al Gobierno que la incluyera en la Ley de Transparencia
Zarzuela tomó la iniciativa hace dos meses
La Casa del Rey solicitó hace dos meses al Gobierno que la incluyera en la Ley de Transparencia, según ha confirmado en la mañana de este viernes el Palacio de La Zarzuela, y desde entonces la Jefatura del Gobierno mantiene conversaciones con el Ejecutivo con ... el fin de estudiar la forma de incluir a la Casa del Rey en la nueva ley, que está en trámite parlamentario.
Sorprendentemente, la noticia la difundió esta mañana la agencia Reuters, que citaba una fuente anónima, pero poco después fue confirmada por Zarzuela.
Hasta ahora, la Casa del Rey no se había pronunciado nunca, ni a favor ni en contra, sobre si debía estar incluida o no en la Ley de Transparencia . Fuentes de Zarzuela reiteraron que esta iniciativa se ha producido a instancias de la Casa y, por lo tanto, no ha tenido nada que ver con los acontecimientos de los últimos días ni con el debate suscitado sobre esta cuestión. «No sólo no tenemos inconvenientes para estar sometidos a la Ley de Transparencia, sino que nuestra voluntad es participar», añadió un portavoz de la Institución.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno está trabajando en el encaje de la Casa del Rey en la ley, ya que no se trata de una «administración. Se incluirán todas aquellas partidas que estén relacionadas con la administración del Estado.
Como ya publicó ABC, la futura norma ya tenía previsto incluir las partidas que destinan otros Ministerios al funcionamiento de la Jefatura del Estado, como son por ejemplo los gastos de los viajes al extranjero, que corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sáenz de Santamaría ha destacado en todo momento la plena disposición de la Casa del Rey a trabajar en este sentido y el Gobierno intensificará los contactos con los grupos políticos para la redacción de la futura ley.
La ley de Transparencia pretende regular el acceso de los ciudadanos a la información de las Administraciones Públicas y establece un catálogo de principios éticos, con infracciones y sanciones en caso de incumplimiento para miembros del Gobierno y altos cargos públicos.
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