CiU no frena el desafío secesionista

Sin embargo, la realidad contradice esta interpretación, en tanto que ni CiU, ni mucho menos sus aliados de ERC, han guardado en el armario sus pretensiones rupturistas: la agenda soberanista sigue cumpliendo etapas y el «bipartito de facto» que gobierna Cataluña no ha adoptado ninguna medida política efectiva que revierta alguna de las decisiones tomadas.

Lo celebran así el propio Gobierno de la Generalitat y CiU, y lo proclama a los cuatro vientos el partido que preside Oriol Junqueras, que, yendo más allá, valora la reunión entre Mas y Rajoy como «uno de los puntos de la hoja de ruta» hacia la independencia firmada entre convergentes y republicanos, uno de cuyos apartados establece precisamente la apertura de un «proceso de negociación y diálogo» con el Estado para convocar un referéndum. El mismo pacto de gobernabilidad CiU-ERC establece que la petición formal para realizarlo se hará en el primer semestre de 2013 y la consulta como tal, antes de que acabe 2014.

En este escenario, Junqueras sigue actuando como «consejero jefe». Al adelantar las elecciones autonómicas, Artur Mas buscaba una «mayoría indestructible» que impulsase el proceso soberanista, pero que también le permitiese modularlo. El pacto con ERC armaba el primer objetivo, pero arruinaba el segundo, en tanto que el tempo de la «transición nacional» lo marca ahora ERC, algo a priori incompatible con el entendimiento con el Estado.

Nada de todo esto es ajeno a la dramática situación de las finanzas de la Generalitat y al empeoramiento del cuadro macro económico, que han modificado sustancialmente el escenario. Ante un calendario de pagos de vértigo para la administración autonómica, especialmente crudo en este mes de abril, y la expectativa de tener que recortar 4.400 millones en los prespupestos de 2013 si no se suaviza el objetivo de déficit del 0,7%, Mas ha venido a lanzar algo así como un desesperado grito de socorro.

El mismo habría sido escuchado en Madrid, y el Gobierno parece decidido a no dejar caer Cataluña —con las consecuencias que tendría el «default» de esta comunidad para el conjunto de España—, y de paso abrir una cuña en el seno del Gobierno catalán, empujando a CiU a romper con ERC. La estrategia podría tener algún sentido sobre el papel, pero de momento, en la práctica y a corto plazo, está resultando estéril.

En este sentido, y pese a las interpretaciones hechas, la apertura de una fase de diálogo entre los dos Ejecutivos no ha llevado al tándem CiU-ERC a dar un paso atrás, reforzando la idea propagada por CiU de que las dos agendas, la económica y la soberanista, discurren en paralelo.

Y así ha sido. De manera casi simultánea al encuentro Rajoy-Mas, la Generalitat anunciaba su intención de aprobar una ley para dotar a la diplomacia catalana de un marco legal, una suerte de «blindaje» de sus embajadas, y días antes cumplía con otro de los puntos del acuerdo con ERC y creaba el Consejo para la Transición Nacional. A la vez, y en lo que en Cataluña se considera la dovela o pieza clave del proceso, el Parlament prosigue con la elaboración de la Ley de Consultas, sobre la cual se pretende amparar legalmente la consulta.

Si bien es cierto que CiU y ERC prosiguen con sus planes y no se separan un milímetro de lo firmado en el acuerdo de legislatura —«pacto por la libertad» lo han bautizado los más entusiastas—, también es verdad que el nuevo clima político está provocando cierta agitación entre los sectores menos partidarios de lanzarse por el precipicio independentista. Los más activos se cuentan en las filas de Unió: la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, apuntaba la posibilidad de aplazar la consulta más allá de 2014, mientras que Duran sigue siendo el recurrente saco de boxeo sobre el que Junqueras y los suyos alivian su ira. Por su parte, el PSC sigue jugando a la ambigüedad, y si esta semana rechazaba la oferta de un gobierno de concentración, tampoco descartaba apoyar a Mas con los presupuestos.

En este escenario, un papel fundamental pueden tener también los empresarios, ya muy recelosos del acuerdo CiU y ERC, y que el PP de Cataluña quiere empujar para que presionen a Mas a romper con los republicanos, apuntando la posibilidad de que el Gobierno acepte una «financiación singular» para Cataluña.