EJECUTIVO
Así responde el Gobierno de Rajoy ante el desafío independentista de Artur Mas
La vicepresidenta mantiene la moderación en el tono y advierte de que todos tienen que cumplir la ley
MARIANO CALLEJA
Si alguien espera un exabrupto del Gobierno de Mariano Rajoy ante el desafío independentista impulsado por Artur Mas en Cataluña, y las provocaciones de sus socios de Ejecutivo autonómico, se llevará una buena decepción. El Ejecutivo ha optado por la moderación en la respuesta a ... uno de los problemas políticos más graves que tiene España en este momento sobre la mesa. Moderación, diálogo y ley son los ingredientes de la respuesta del Gobierno de Rajoy ante los que quieren romper España.
Este semana, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que responder a una pregunta sobre las declaraciones del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que había comparado a Artur Mas con Hitler, por querer romper el sistema y saltarse la reglas del juego. «Sí pediría a todos moderación, responsabilidad, prudencia y diálogo», contestó la «número dos» del Ejecutivo.
Junto al diálogo, la ley. A cada paso que dé el Gobierno autonómico de Artur Mar por encima de la ley, tendrá la respuesta del Ejecutivo nacional. Sin ningún aspaviento, pero con contundencia. Hace una semana, Santamaría anunció la impugnación de la declaración soberanista que aprobó el Parlamento autonómico de Cataluña. El Gobierno de la Nación también recurrió ante el Tribunal Constitucional el euro por receta en Cataluña.
¿Y si los nacionalistas siguen adelante con sus planes independentistas? En el Palacio de la Moncloa huyen del «y si...». No contestan sobre hipótesis, solo sobre hechos, y segúns e vayan produciendo, el Gobierno actuará con mano firme, siempre con la ley. Así lo manifiestan una y otra vez en el entorno de Rajoy y Santamaría.
Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno recordó al Ejecutivo autonómico de Mas que «nadie puede estar por encima de la ley ni de las decisiones de los tribunales» y que «todos los cargos y poderes públicos tienen la obligación de respetar los procesos que estén en el Tribunal Constitucional».
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