Un Estatuto de la Víctima protegerá al más débil en un proceso penal

La comisión de expertos presentó ayer en el Ministerio de Justicia el texto que tiene la vocación de sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y con más de sesenta modificaciones parciales en su haber. El capítulo IV del articulado comienza definiendo con una mayor claridad a la figura de la víctima , como aquel ofendido o perjudicado por el hecho punible, incluida la persona que haya sufrido un daño personal o patrimonial por tratar de prevenir el delito o auxiliar a la víctima en el momento de la comisión o inmediatamente después.

Tras ello, el texto enumera los derechos que asisten a las víctimas de los delitos y de los que se les informará debidamente, entre ellos el de evitar la confrontación visual de la víctima con el encausado cuando le genere «terror, humillación o sufrimiento» .

Ampliación de derechos

Entre otros derechos de las víctimas, se alude a la inmediata protección de su vida, integridad, libertad, honor o cualquier otro derecho que haya sido lesionado o amenazado, del derecho a ser tratado con pleno respeto a su dignidad en toda diligencia policial o actuación procesal y del derecho a que el ofendido no sufra intervenciones corporales sin su consentimiento.

A esto se suma la protección de sus datos personales, el derecho a ser oído por el Ministerio Fiscal en el curso de la investigación , el derecho al ejercicio de la acción penal y civil, así como a o btener asistencia jurídica gratuit a cuando se cumplan los requisitos previstos en la correspondiente ley.

Además, el futuro Código Procesal Penal recoge el derecho de la víctima a ser informada de la situación procesal de la causa , lo cual comprende el estado de las investigaciones -a menos que hayan sido declaradas secretas-, las resoluciones sobre la situación del «encausado» -término que sustituye al actual 'acusado'- y las resoluciones de sobreseimiento y apertura del juicio, así como la sentencia y los posibles recursos. Las víctimas tendrán derecho a obtener la restitución, la reparación o indemnización del daño ocasionado por el delito y, en los casos legalmente previstos, del Estado .