Margallo acelera la ley de Acción Exterior, pese a los nacionalistas

García-Margallo no quiere que le ocurra como a todos sus antecesores en democracia, que prometieron sacar adelante una ley del Servicio Exterior, pero por unos u otros motivos no llegaron a hacerlo. Para llegar al anteproyecto que mañana, por vez primera será sometido a informe de los subsecretarios antes de enviarlo el viernes al Consejo de Ministros, los textos iniciales han tenido que ir renunciando a algunas pretensiones, como, por ejemplo, la intención de homologar las retribuciones y condiciones de trabajo de todos los funcionarios de los distintos ministerios en el exterior.

A este punto se opusieron frontalmente los técnicos comerciales, que cuentan en las Consejerías de Comercio con ciertas ventajas (sueldos, casas, etc.) respecto a las que tienen los diplomáticos. No obstante, esta cuestión podría ser abordada en el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, en el que estarán representados los distintos departamentos y que tratará de poner orden en la gestión de los medios y gastos en la representación exterior de España.

Precisamente este asunto está en el centro de las protestas recogidas en una carta al ministro, que ha sido firmada por más de 350 diplomáticos, la mayoría de la categoría de secretarios de embajada, es decir los más jóvenes. En esa carta, entre otras cosas, los firmantes expresan su rechazo a que en el Consejo de Política Exterior sea Hacienda la que apruebe la relación de puestos de trabajo en las embajadas. Señalan que si Exteriores no tiene iniciativa en ese punto se «compromete seriamente las funciones, el alcance y número de puestos destinados a la Carrera Diplomática en el corto y medio plazo», cuando este colectivo «ofrece, y tiene su razón de ser, en una específica preparación multidisciplinar orientada hacia el servicio exterior».

Fuentes de Exteriores señalaron a ABC que, aunque los ministerios sean los que hagan las propuestas, la relación de puestos de trabajo siempre ha sido competencia de Hacienda.

Aun así los puntos más conflictivos tiene que ver con la actividad exterior de las autonomías. Las mismas fuentes indicaron que «no hay un deseo de tutelar esa actividad, pero sí de saber lo que se hace para ser más eficaces; defender mejor los intereses de España y la labor de nuestras empresas; y evitar duplicidades y gastos».