Nueve de cada diez víctimas de explotación sexual en España no son identificadas

La 'popular' gallega ha realizado estas declaraciones en la Cámara baja durante un seminario sobre la trata de niños, enmarcado en unas jornadas de parlamentarios europeos contra la trata de personas. Se trata de un delito de comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual o trabajos forzados, entre otros puntos.

Según últimos datos de 2011, González ha detallado que más del 90 por ciento de las personas catalagodas en riesgo de trata en España eran mujeres, con una edad comprendida entre los 23 y los 37 años. En concreto, un total de 1.082 personas fueron consideradas víctimas de trata, de las 14.730 catalagodas en riesgo de trata.

Además, el 38 por ciento de las actuaciones policiales sobre prostitución se llevaron a cabo en las áreas urbanas, mientras que un 30 por ciento en las rurales, además de otro 32 por ciento reseñable en zonas industriales.

Es más, González ha explicado que España ha sido considerada por recientes estudios como «uno de los diez principales países de destino de las víctimas de tráfico de explotación sexual», principalmente con mujeres procedentes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia y Rumanía. La edad varía entre los 18 y los 25 años. Además, España supone el país de tránsito o paso para el tráfico de personas hacía otros países fuera de la UE, como los Estados Unidos o Canadá.

No obstante, subraya que la legislación española se está adaptando a la internacional por ejemplo a la hora de conceder un plazo de 30 días a las víctimas para que decidan sobre si quieren o no colaborar con la policía, de la misma manera que tienen el derecho de asilo en el país, de apoyo para volver a sus países de origen, o de un permiso de residencia, entre otros.

De hecho, la diputada 'popular' indica que en España se ha puesto en marcha un intergrupo de trabajo entre distintos departamentos para procurar la plena puesta en marcha del citado plan. Desde 2009, también, se ha desarrolla en España el conocido como 'Foro Social', que cuenta con un grupo de trabajo especializado en trata de menores, focalizado principalmente en el desarrollo de las políticas de protección a este colectivo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Quintanilla, ha explicado que España tiene el problema de la inmigración irregular, donde padres llegan a España con sus hijos que, en muchas ocasiones, abandonan en las calles.

Concretamente, ha citado el caso de Ceuta y Melilla, donde los menores son recogidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, en estos momentos, hay 2.000 en centros de internamiento y casas de acogida, donde no sólo tienen asistencia sanitaria y educación, sino donde se hace todo lo posible por localizar a sus padres.

«En muchas ocasiones se encuentran mujeres que reclaman a sus hijos pero que se trata de traficantes de niños», según ha avisado y, por ello, afirma que el Gobierno de España no autoriza que ningún niño salga de esos centros de acogida si no se le ha realizado un análisis de ADN previo, para asegurar que ese niño se marcha con sus verdaderos padres. «España es un país de entrada de esos niños que vienen con sus padres y son abandonados», ha puntualizado.

La coordinadora de la Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (Apramp), Rocio Mora, que ha asistido a estas jornadas como público, destaca que uno de los problemas que existe en España en materia de trata de menores es la falta de detección, porque sí hay niños en el país que son víctimas de esta lacra.

En su opinión, estos menores deben ser derivados a un servicio especializado porque, si no, «difícilmente» se les van a proporicionar toda la protección que necesitan. Es más, subraya que, de la misma forma que en los casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual éstas son extranjeras, sucede lo mismo con los menores que llegan acompañados por miembros de su familia.

En esta línea, desde Save The Children, Yolanda Román, ha resaltado que el problema que existe en España es que no hay ni esfuerzos en la detección ni en la concesión de recursos para detectar a esos menores. «No se identifica correctamente a los menores víctimas y mientras siga así no habrá recursos para estos menores», ha señalado.