Rajoy fía a que la amenaza de otras elecciones y la presión europea dobleguen al PSOE

El jefe del Ejecutivo aprovechó el pasado Consejo extraordinario para charlar de manera informal con algunos dirigentes europeos en el convencimiento de que hay que poner fin a la interinidad en España, que ha imposibilitado la aprobación de un solo proyecto de ley, ante la estupefacción de las instituciones europeas. La llamada de Angela Merkel hace unos días reclamando celeridad para conformar un Consejo de Ministros «estable» forma parte de la presión que los líderes europeos imprimirán al proceso español durante las próximas semanas. Para esa primera opción «lo mejor sería la incorporación también de Ciudadanos» que, están seguros en el Gobierno , podría estar siguiendo en estos primeros días el guion postelectoral de respaldarse en el PSOE para que sea él el que levante los vetos al PP. Lo ideal en esa hipótesis es que tanto los socialistas como los dirigentes de la formación morada (empezando por Pedro Sánchez y Albert Rivera) se incorporaran al Ejecutivo. Esas cesiones, que Rajoy plantearía cuando las negociaciones estuvieran más avanzadas , incluirían también la eliminación de algunos nombres del equipo actual del presidente, entre otros el de Jorge Fernández Díaz, el ministro al que tanto PSOE como Ciudadanos han pedido la dimisión tras destaparse las grabaciones de sus conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña en torno a los casos de corrupción que podrían hacer daño a los independentistas.

Siempre que se respetasen las líneas rojas que ha marcado el PP sobre los cinco pactos de Estado (empleo y crecimiento; pacto social; financiación autonómica y reforma fiscal; educación; y reformas institucionales), Rajoy estaría dispuesto a «ser generoso», sin excluir la ponencia sobre la reforma de la Constitución, siempre que antes se pusieran de acuerdo los tres partidos en qué se quiere cambiar de la Carta Magna. La segunda opción con la que trabajan en Moncloa es de menor espectro y más difícil encaje : un acuerdo con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria que, sumado a la abstención de un diputado socialista, arrojaría la mayoría de 176 votos para que Rajoy fuera investido. Este planteamiento cuenta con la negativa en redondo de Albert Rivera, que ha vetado cualquier alianza con partidos nacionalistas. No obstante, el presidente en funciones no quiere cerrar esa penúltima puerta y ha ordenado a María Dolores de Cospedal que establezca contactos con el presidente del PNV , Andoni Ortúzar, y con la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas. Saben además en Génova que esa es la clave de la estrategia que ha ordenado Ferraz: trasladar la presión a los «partidos afines ideológicamente al PP», es decir, Ciudadanos, PNV y hasta la antigua Convergencia, hoy Democracia y Libertad. Aunque el apoyo del nacionalismo vasco es una incógnita, dada la política pragmática del lehendakari Urkullu (que mantiene una buena relación personal con Rajoy) que compatibiliza con un discurso que a veces frisa con el independentismo catalán , lo que sí carece de lógica, a juicio del PP, es hablar de un entendimiento con el partido de Puigdemont, que lidera el desafío soberanista en Cataluña.

La última alternativa es la menos deseada por el PP, pero también se estudia. Se trataría de un pacto con el PSOE y con Ciudadanos para que se abstuvieran en la investidura a cambio de acuerdos concretos de gobernabilidad y la obligación de que el Gobierno se sometiera a una moción de confianza a mitad de legislatura, tal y como deslizó Juan Carlos Girauta, aunque luego fue desmentido por el número 2 de Ciudadanos. Rajoy ya ha comentado a su entorno que está dispuesto a gobernar en minoría, negociando cada ley, pero sabe que la dificultad para sacar adelante cualquier iniciativa que no fuera previamente aprobada por Sánchez se convertiría en un calvario parlamentario y haría ingobernable la legislatura. Además, también se tiene en cuenta la más que alta probabilidad de que, en una tesitura de inestabilidad , los socialistas aprovecharan para sumar sus votos en el Congreso a los de Podemos y otras formaciones de extrema izquierda nacionalista para tumbar buena parte de las leyes que ha sacado adelante el PP, con mayoría absoluta, durante el último mandato: desde la reforma laboral hasta la ley de seguridad ciudadana. No obstante, Rajoy intentaría dejar sellado antes con el PSOE los presupuestos (quiere aprobarlos en octubre, por lo que insiste en conformar gobierno en agosto), la política europea y cualquier reforma institucional.

Lo cierto es que lo que tiene claro el líder del PP es que, con sus 137 escaños , sí se ve con avales suficientes para aceptar la propuesta que probablemente le hará el Rey tras la constitución de las Cortes el 19 de julio y la ronda con los portavoces. Si en febrero pasado rechazo la oferta para evitar someterse a una sesión de investidura sin ninguna baza de éxito, ahora cree que las condiciones han cambiado . Reconoce que una nueva cita con las urnas sería letal, fundamentalmente para PSOE y Ciudadanos, que ya fueron diezmados el pasado domingo con 5 y ocho escaños menos, respectivamente. Tanto es así que hay dirigentes del PP que creen que ese escenario no deseable podría acercar a los populares a la mayoría absoluta, premiados por los esfuerzos de evitar por tercera vez la frustración ciudadana por la incapacidad de sus representantes.

Pero hasta esta posibilidad indeseada no es descartada en Moncloa que reconoce cómo la situación «se va complicando más allá de los previsto». La «ayuda» indirecta que podría haber ofrecido la posición más tolerante del Comité Federal del PSOE, con Susana Díaz a la cabeza , es vista con desconfianza ya que la presidenta andaluza ha perdido peso político tras el «sorpasso» del PP en su Comunidad y, además, cuenta con la previsible oposición de las bases socialistas a un acuerdo con Rajoy, si finalmente son consultadas.