La ley D'Hondt bloquea ya tres parlamentos en España

A priori, hay tres opciones más factibles que otras. Primera, que el PP consiga gobernar en minoría con una investidura de Mariano Rajoy en la que el PSOE y Ciudadanos se abstengan porque, a la larga, son los dos partidos menos interesados en una rápida repetición de las elecciones. Segunda, que Rajoy fracase en el intento y Pedro Sánchez busque el apoyo de Podemos, ERC, PNV y Coalición Canaria en un inédito «multipartito» de difícil gestión. Más allá de que Sánchez esté recibiendo presiones dentro de su partido -intentar gobernar habiendo ganado solo en 6 de las 52 circunscripciones es muy aventurado, y más aún si el PSOE se arriesga a un proceso de fagocitación a manos de Podemos-, lo cierto es que el líder del PSOE sí lo desea. Y tercera, la repetición de elecciones en la próxima primavera porque haya resultado imposible «pactar». El resultado, la ingobernabilidad, algo que hasta ahora nunca había ocurrido.

La ley D’Hondt atribuye proporcionalmente escaños en función del número de votos recibidos, del número de escaños por circunscripción y del número de provincias por las que se presente un partido. Todo cuenta en la «teoría de los restos». Por ejemplo, las candidaturas de ERC en cuatro provincias han obtenido casi 600.000 votos y nueve escaños. Y las del PNV han logrado seis diputados con 301.585 votos. Por el contrario, Unidad Popular/IU, con 923.000 votos, ha obtenido dos escaños, exactamente los mismos que Bildu con 218.500 aproximadamente. En definitiva, a IU le cuesta 461.000 sufragios lograr un escaño, mientras que al PNV, por ejemplo, apenas 50.000. En Soria, por ejemplo, el PSOE consiguió un escaño con apenas 12.200 papeletas, mientras que en Madrid hacen falta casi 97.000.

Por eso, siempre ha habido partidos perjudicados que han argumentado que la ley electoral necesita una reforma profunda. Sin embargo, hasta ahora era tradición que el partido más votado y con más escaños tuviese el encargo de formar gobierno. Y lo hacía, bien con pactos puntuales, bien con alianzas de legislatura, bien con mayorías absolutas. Eso sí, siempre eran PSOE o PP.

Ahora las urnas han dado un vuelco, y el sistema empieza a demostrar una cierta fatiga de materiales, o una situación de «bloqueo» institucional que nunca se previó porque no era factible. Hoy con Podemos (20,66% y 69 escaños de 5.187.000 votantes) y Ciudadanos (13,93% y 40 escaños de 3.500.000 electores), los números no cuadran a PP o PSOE… a no ser que pacten con partidos independentistas, antisistema, comunistas o anarquistas, por ejemplo. Un choque brutal de programas para una legislatura inestable en cualquier caso. Si España tuviese un sistema con una circunscripción única (así es en los comicios europeos), serían precisos unos 70.200 votos por cada escaño, y tanto IU como Ciudadanos habrían salido beneficiados, con 11 y 10 escaños más, respectivamente.

Pero no es así, y a lo largo de 2012, con el acceso de dos partidos emergentes al sistema, son ya tres Parlamentos los que han puesto a prueba la eficacia de la ley D’Hondt. En Andalucía, la socialista Susana Díaz (47 escaños) tardó 82 días en poder formar Gobierno. Los «noes» sistemáticos de Podemos (15 escaños), Ciudadanos (9), PP (33) e IU (5) fraguaron una crisis institucional sin precedentes. Los comicios se celebraron el 23 de marzo y no fue hasta pasadas las municipales y autonómicas del 24 de mayo cuando se anunció que Ciudadanos votaría «sí», algo que inicialmente había descartado Albert Rivera . Díaz rechazó desde un primer momento gobernar con Podemos, pese a que desde mayo Pedro Sánchez se lanzó a pactar con el partido de Pablo Iglesias la entrega de alcaldías (Madrid, Barcelona, La Coruña, Cádiz, Zaragoza o Ferrol), a cambio de gobiernos autonómicos como Castilla-La Mancha o Extremadura. La opción del socialismo andaluz era cerrar un acuerdo in extremis con Ciudadanos, y así se hizo.

La segunda prueba para las garantías de la ley D’Hondt fueron las elecciones catalanas del 27 de septiembre, que arrojaron un Parlamento prácticamente ingobernable. A día de hoy, casi Nochebuena, no hay ningún acuerdo: ni de investidura de Artur Mas (o cualquier otro candidato que pueda surgir) ni de gobernabilidad a lo largo de la legislatura. La fragmentación de votos y escaños es absoluta. Seis partidos se reparten los 135 escaños, y la lista de Junts pel Sí (Convergencia más ERC) depende paradójicamente del partido con representación menos votado: la CUP, que con sus diez escaños, sus exigencias de una independencia inmediata de Cataluña y sus propuestas antisistema y anarquistas votadas de modo asambleario está condicionando la gobernabilidad de siete millones de catalanes. Además, han sufrido ya tres procesos electorales en apenas cinco años.

Ahora, el panorama en el Congreso ofrece, a priori, serias dudas para la gobernabilidad. En cierto modo, todo depende de la decisión que adopte Pedro Sánchez. Si permite gobernar al partido más votado absteniéndose en la investidura de Rajoy (algo que ya ha adelantado que no hará), o si trata de conformar una mayoría «progresista» alternativa con las condiciones impuestas de Podemos, entre ellas el «derecho a decidir» y la celebración de un referéndum en Cataluña. Ausentes las mayorías absolutas, la dependencia de minorías extremistas de izquierdas puede llegar a viciar la democracia real.

Está sobre la mesa el debate sobre si la utilidad de la ley D’Hondt llega ya a su final cuando la primacía no es de dos partidos, sino de hasta cuatro. Algunas virtudes del sistema mayoritario (el que gane en cada circunscripción se lleva todo), o la regulación de una segunda vuelta electoral (especialmente en municipales y autonómicas), e incluso la posibilidad de que el partido ganador tenga una «prima automática» de escaños añadidos, como en Grecia… Todo es revisable. Igualmente, las listas desbloqueadas -no es lo mismo que abiertas-, o un sistema proporcional corregido que impida los desfases que ahora ofrece la ley D’Hondt en España. Antes no ocurría. Ahora sí. La ley permite situaciones de bloqueo generadoras de incertidumbre e inestabilidad política que conviene evitar.