Una presidencia sujeta a los designios del Tribunal Supremo

La situación es insólita porque por primera vez en democracia los dos candidatos que han encabezado sendas listas están en una situación cuanto menos peculiar: uno, Carles Puigdemont, huido, sin posibilidad de venir a España sin ser detenido; el otro, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, y por tanto con sus movimientos restringidos. El destino de ambos, al igual que el de otra veintena de imputados, está en manos del juez que les investiga por rebelión y malversación de fondos públicos.

A los escaños de estos dos «presidenciables» se suman otros seis cuyos titulares no tienen garantizado que puedan asistir a las sesiones parlamentarias ni votar, pues en el caso de los dos presos (Joaquim Forn y Jordi Sánchez) necesitarían permiso , y los otros cuatro (los exconsejeros huidos) ni siquiera están en España. A ellos se suma que desde ayer (cuando el juez decidió ampliar su investigación a otros imputados) hay otro escaño que peligra: el de Marta Rovira, número dos de ERC.

Si cuando el juez llame a declarar a Rovira por su papel «principal» en la dirección del plan soberanista ordena su prisión, la mano derecha de Junqueras pasaría a engrosar las filas de los diputados «fantasma» , que ya representarían un 6,6, por ciento de los integrantes de la cámara autonómica.

Aunque durante la fase de investigación de una causa las medidas cautelares que se adoptan sobre un investigado (entre ellas, la prisión provisional) puede cambiar en cualquier momento, tanto para endurecerlas como para levantarlas, lo cierto es que ni Junqueras ni Puigdemont están en las mejores condiciones para afrontar un debate de investidura.

En el caso de Junqueras está claro que tendría que tratarse de un permiso extraordinario como el que en 1987 se le dio al etarra Yoldi para afrontar su propio debate de investidura en el Parlamento vasco (como cabeza de lista de HB). Finalmente saldría elegido presidente el peneuvista José Antonio Ardanza.

El caso de Puigdemont procesalmente aún pinta peor: no solo lleva huido de la justicia española un mes y medio, sino que hay contra él una orden de detención que es probable que se salde con una prisión incondicional como cabeza de la organización criminal de la que habla la Fiscalía.

Solo entonces se encontraría en la misma situación que Junqueras. A día de hoy, el que fue su número dos en la Generalitat parte con ventaja respecto a Puigdemont. Ha comparecido ante la justicia en dos ocasiones (el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional y el 1 de diciembre en el Supremo) y ha hecho uso de los mecanismos que ofrece la justicia para defenderse y rebatir las tesis del instructor . De hecho el próximo 4 de enero está citado para asistir a la vista de la Sala Penal que resolverá el recurso contra su prisión.

El mejor escenario para Junqueras sería que los magistrados acordaran su libertad. Si ese día o los posteriores Junqueras consiguiera salir de la cárcel tendría tiempo suficiente para afrontar un debate de investidura en mejores condiciones que Puigdemont, que a la vista de los acontecimientos, no tiene intención de pisar España -quiere reunirse con Mariano Rajoy, en algún país europeo-.

Ajena a estrategias e intentos de chantaje político, la justicia sigue su ritmo, más lento de lo que se presenta el calendario electoral. Por lo pronto, el Parlamento catalán debe constituirse el 23 de enero (20 días hábiles desde las elecciones). Para entonces, además de Junqueras, Forn y Sánchez ya habrán declarado en el Tribunal Supremo (los dos últimos lo harán el día 11 a petición propia), por lo que cabe la posibilidad de que queden en libertad.

Lo primero que tendrán que hacer huidos y presos es tomar posesión de su acta , algo para lo que se podrían acoger a la imprecisión del Reglamento del Parlament que no exige la presencia física del diputado en cuestión.

El trámite que ya no podrán salvar es el del voto, que no es delegable salvo en casos de enfermedad o incapacidad. Ese voto es necesario hasta para la elegir la composición de la Mesa, pieza clave en el funcionamiento del legislativo.

En el caso de los huidos es obvio que no podrán votar; el de los presos es distinto: podrían hacerlo si obtienen permiso, pero más allá del caso de Josu Ternera, al que se le autorizó salir en una ocasión, no hay más precedentes de permisos penitenciarios continuos. Fuentes jurídicas lo ven, además, inviable. Lo razonable en estos casos, dicen, es que los implicados dejen correr la lista para que su escaño lo ocupe el siguiente.