El Gobierno defiende el «éxito político, no electoral» del 155 y cree que no habrá marcha atrás

Desde ese punto de vista, en el Gobierno de la Nación consideran que no hay marcha atrás posible, y que el nuevo presidente de la Generalitat que sea investido en el Parlamento autonómico sabe que tendrá que cumplir la ley. «El Gobierno seguirá defendiendo el Estado de Derecho y la ley por encima de todo, estará siempre vigilante», señalaron.

Desde el Gobierno no se quiere adelantar ningún acontecimiento, pero no se descarta en absoluto que si se intentara de nuevo una declaración de independencia como la producida en octubre en Cataluña, volvería a actuar de la misma manera con el 155.

Más allá de esas premisas en las que La Moncloa quiere amortiguar el mal resultado del Partido Popular y la crisis política interna que se abre desde ahora mismo, el Gobierno de Rajoy confía en que Cataluña entre en una etapa de mayor «normalidad y estabilidad» institucional, que permita mejorar las relaciones y poner en marcha acuerdos que estaban congelados.

Uno de los más urgentes sería la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 , que Rajoy quiere llevar al Congreso este próximo mes de enero. El Gobierno abrirá conversaciones con los grupos, y la principal dificultad que puede encontrarse es la posición del PNV, que ya ha anunciado que mientras esté vigente el 155 no apoyará al Ejecutivo. Un largo proceso de investidura perjudicaría así la tramitación de los Presupuestos, la ley con la que el Gobierno pretende afianzar el crecimiento económico y lograr la estabilidad de la legislatura.

El Gobierno de Rajoy tiene intención de mantener las medidas excepcionales aprobadas al amparo del artículo 155 de la Constitución hasta que tome posesión el nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de las elecciones del 21-D. Así estaba previsto en el acuerdo del Consejo de Ministros, que recibió la autorización del Senado. Esto significa que la intervención del Gobierno de la Nación en la Generalitat de Cataluña podría prolongarse aún varios meses, si la investidura del nuevo presidente no se produce de manera inmediata.

El presidente del Parlamento surgido de las urnas deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat . Pero solo cuando el candidato propuesto obtenga los votos necesarios para convertirse en presidente de la Generalitat, y forme Gobierno, dejará de estar vigente el 155. Mientras, las funciones del Ejecutivo autonómico seguirán siendo ejercidas por los ministros, y por la vicepresidenta, que asumió la Presidencia (ahora en funciones) por delegación de Rajoy.

En una reciente comparecencia, el presidente del Gobierno aseguró que «si las dudas se despejan y si el próximo Gobierno de Cataluña marca una agenda distinta a la ruptura, el enfrentamiento y la ilegalidad, Cataluña y España pueden protagonizar un gran salto adelante y volver a crecer a niveles cercanos al 3 por 100 , o incluso superarlo, como ha ocurrido en los años 2015, 2016 y 2017». Ese es el principal objetivo del Gobierno, pero el punto de partida que se marcó Rajoy era claro: que la Generalitat renunciara al desafío independentista.

En La Moncloa insisten en que el resultado de las elecciones autonómicas catalanas en nada influye respecto al calendario previsto para las generales, como ya subrayó Rajoy. El presidente del Gobierno se ha mostrado partidario de agotar la legislatura y de convocar elecciones en 2020, con independencia del resultado en Cataluña, y siempre que no se lo pongan imposible sus socios presupuestarios. El principal de ellos es Ciudadanos, que sale muy reforzado de los comicios catalanes y que afronta ahora su relación con el Gobierno de Rajoy en una posición más firme.