La UE incluye al Sáhara en el nuevo acuerdo comercial con Marruecos pese al fallo del TJUE

El dictamen que las partes quieren esquivar –y que fue anunciado el 4 de octubre de 2024– estableció que Marruecos no puede negociar nada que afecte a un territorio que a efectos del derecho internacional no le pertenece sin antes consultar a ese «pueblo», desestimando así los recursos de casación interpuestos por el Consejo de la Unión Europea y la Comisión contra una sentencia anterior del Tribunal General que iba en el mismo sentido. Así las cosas, el Sahara quedaba fuera del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Además, ese 4 de octubre el TJUE también prohibió que los productos de esa región que llegan a la UE se etiquetaran como marroquíes.

A contrarreloj, pues en menos de una semana se agotan los doce meses de gracia que dio el tribunal para aplicar la sentencia, el Consejo de la Unión ha puesto sobre la mesa una propuesta de decisión –a la que ha tenido acceso ABC– en virtud de la cual se modificará el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para que incluya al Sáhara y sus exportaciones sigan entrando en la UE a arancel reducido.

Amén de aparentemente contradictoria con el fallo del TJUE, la propuesta –aún pendiente de ratificación– es terreno abonado para la polémica, sobre todo en España. De un lado, porque hasta 1976 nuestro país fue la potencia colonizadora y desde entonces mantuvo una posición de neutralidad en el conflicto; claro está, hasta que en 2022 el presidente Pedro Sánchez reconoció, sorpresivamente y sin consultar a las Cortes, la soberanía marroquí sobre la antigua colonia. Y del otro lado, porque las organizaciones agrarias españolas llevan años en pie de guerra contra las importaciones de hortalizas del Sáhara. Por solidaridad con el pueblo saharaui, que denuncia que Rabat usa la agricultura como un instrumento de colonización, y porque consideran que es una «competencia desleal», según explica Asaja a este diario. Esto es especialmente claro en el caso del tomate, pues de hecho las importaciones marroquíes –no solo del Sáhara– han hundido al sector en España. Como ya explicó ABC, en la última década la producción de nuestro país ha caído un 30,71% y las exportaciones a la UE –nuestro primer mercado– lo han hecho un 40% mientras el país vecino disparaba un 42% sus ventas a los Veintisiete y adelantaba a España como primer proveedor; como siempre ocurre, por la diferencia de precios.

El germen del conflicto está en una primera sentencia de 2016 en la que el TJUE estableció que ningún acuerdo comercial sería válido en los territorios ocupados si el pueblo saharaui no prestaba su consentimiento. Esto puso la relación bilateral en un brete, dado el rechazo de la dinastía alauí a aceptar cualquier pacto comercial que no reconozca su soberanía sobre esa región. Dos años más tarde, la Comisión trató de salvar los muebles al enviar a un equipo al desierto con el propósito de recoger ese consentimiento. Entremedias, y esto no es poco importante, en 2017 el Gobierno marroquí afirmó que si se obstaculizaban sus exportaciones los «flujos migratorios» se verían renovados, en lo que fue una clara amenaza a Ceuta, Melilla y las Canarias.

Una vez 'consultado' el pueblo saharaui, en 2019 la UE enmendó el Acuerdo de Asociación para incluir específicamente los productos originarios del Sáhara en las exenciones arancelarias. Y como ya se ha avanzado, hace un año el TJUE echó por tierra este remiendo al considerar que la UE había consultado «a la población del Sahara» pero no «al pueblo del Sahara Occidental», que «en su mayor parte vive en el exilio», se lee en la sentencia. Como denuncia a este diario el Frente Polisario, buena parte de los habitantes de la zona son inmigrantes marroquíes, en muchos casos llegados para trabajar en los invernaderos. No obstante, y ahí está el resquicio legal que quiere aprovechar la Comisión, en su fallo el TJUE añadió el matiz de que el consentimiento de ese pueblo podía otorgarse «de manera implícita» si el acuerdo en cuestión le suponía alguna ventaja.

Por esto último, ahora el Ejecutivo comunitario propone modificar el Acuerdo de Asociación para que incluya financiación para la región en sectores como el riego, la energía o la lucha contra la desertificación, además de ayudas para los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

Esto tiene otra lectura, y es que la UE financiará las ambiciones marroquíes en el Sahara y dará alas a un competidor del campo español; al menos, así lo ve José María Castilla, portavoz de Asaja. No hay que olvidar que Rabat –y la propia dinastía Alauí a través de un 'holding' de Mohamed VI– ya invierte millones en la zona para convertir el desierto en un 'hub' hortofrutícola. En lo que refiere al etiquetado, en cambio, parece que ha habido una cesión, pues el proyecto de acuerdo prevé que los tomates de la zona se identificarán como originarios del Sáhara.

Junto a la propuesta para recortar el presupuesto de la PAC -avanzada por la Comisión en julio- o el acuerdo con Mercosur, el conflicto a cuenta del Sáhara es uno de los motivos que ha impulsado al Copa Cogeca, la organización que aglutina a los sindicatos agrarios europeos, a amenazar con un «otoño caliente» de movilizaciones tanto en España como en el resto de la Unión Europea. La lista de razones es larga, como ya se ha avanzado, aunque el asunto más candente es la propuesta presupuestaria para la próxima Política Agrícola Común. Por primera vez los fondos para el campo dejarán de estar blindados íntegramente, lo que para el sector es un modo encubierto de aplicar un recorte del 20% a la PAC. A esto se suma el acuerdo con Mercosur y, desde la semana pasada, el pacto con Marruecos. De hecho, Copa Cogeca ya ha consensuado una carta dirigida a la Comisión en la que le piden que de marcha atrás en su intento por esquivar la sentencia del TJUE.