El consorcio vasco cierra la compra del 29,7% de Talgo a la espera de la SEPI

Pegaso (liderado por el fondo británico Trilantic) y el consorcio vasco se han marcado como plazo el 31 de enero de 2026 para hacer el traspaso de poderes. Ambas partes además han acordado un precio variable de la acción si durante los 24 meses siguientes a la fecha en la que se consume la compraventa «cualquiera de los miembros del consorcio transmite o se compromete a transmitir acciones de Talgo a un tercero por un precio unitario superior a 4,25 euros». En ese caso, «dicho miembro del consorcio deberá abonar a los vendedores» un importe equivalente al producido entre el número de acciones transmitidas y un porcentaje del exceso determinado que será del 100% «para la parte del exceso hasta 5 euros por acción; y del 50% para la parte del exceso que exceda de 5 euros por acción».

Por su parte Pegaso han asumido frente al consorcio vasco el compromiso hasta el 15 de marzo de 2026 de no adquirir acciones del fabricante y no ejercitar su derecho de designación de consejeros del Consejo de Administración de Talgo «mediante el sistema de representación proporcional o de otro modo».

Del total de 36.864 acciones que se traspasarán al consorcio vasco, Pegaso venderá 33,8 millones y otros inversores los restantes 3,008 millones. Una vez consumada la operación, Clerbil (vehículo inversor del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga), Finkatuz (Gobierno vasco) y Fundación BBK tendrán un idéntico 8,5% del capital, mientras que el 4,2% restante corresponderá a la Fundación Vital. Según explicaron hoy desde Sidenor, el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo «que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía», algo que consideran «imprescindible» para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones «y el inicio de una nueva etapa en Talgo». Esto ocurrirá en breve según deslizó este viernes el consejero de Industria del Páis Vasco, Mikel Jauregi, quien estimó que a mediados de diciembre se podrá aprobar la nueva estructura de financiación.

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«Talgo iniciará esta nueva etapa con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico, en un momento de crecimiento firme del sector ferroviario de alta velocidad», expresó la empresa siderúrgica ayer en un comunicado. La operación, sin embargo, parecía encaminada a descarrilar y más cuando en las últimas semanas saltó la noticia de que la Audiencia Nacional investiga a José Antonio Jainaga y otros dos directivos de Sidenor por vender acero a Israel con destino a la fabricación de armas.

A la nueva Talgo próximamente tiene previsto sumarse la SEPI que entrará una vez se consuma la entrada del consorcio vasco a través de una ampliación de capital y abonará 45 millones de euros (4,25 euros por acción igual que el consorcio vasco) con los que obtendrá un 7,8% de los títulos de la compañía, lo que convertirá al holding del Estado en el cuarto accionista. Además, abonará otros 30 millones mediante un préstamo convertible, que también servirá para desbloquear la refinanciación de la deuda del fabricante de trenes.

De hecho, en realidad, los 75 millones que aportará la SEPI forman parte de la financiación de 150 millones que la empresa necesita para que su ‘pool’ bancario -que desconfía de la caja de Talgo porque podría tener que hacer frente a una multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe- reestructure su deuda superior a los 400 millojnes de euros. La otra mitad del dinero se aportará mediante otro préstamo participativo de 75 millones de euros a cargo de Ekarpen (Gobierno vasco), y de los socios del consorcio BBK, Clerbil y Fundación Vital.

Uno de los primeros objetivos de los nuevos accionistas será el de devolver la sede social de Talgo al País Vasco, actualmente domiciliada en Madrid. También deberán presentar un plan industrial que dilucide el futuro del constructor ferroviario, ahora colapsada por la cartera de pedidos récord, cercana a los 5.000 millones de euros.