El Gobierno matiza su plan de ahorro y baja a 25 grados el límite del aire acondicionado en bares y comercios

En concreto, la vicepresidenta tercera explicó que el límite de temperatura de 27 grados en los negocios se tomará con flexibilidad al entender que «no son lo mismo establecimientos como discotecas, cocinas y gimnasios, que necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería».

«No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», aseguró Ribera en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.

De esta forma, según la titular de Transición Ecológica, ahora la normativa distingue entre trabajos sedentarios (como el de oficina) y trabajos activos en los que se da un esfuerzo físico, como es el caso de la hostelería. «El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda», aclaró la ministra. Las empresas están obligadas a cumplir el reglamento a partir del próximo miércoles, una semana después de su publicación en el BOE y estarán vigentes, en un principio, hasta noviembre de 2023 por el temor a posibles desabastecimientos energéticos derivados del conflicto de Ucrania que tiene en jaque a las exportaciones rusas de gas hacia Europa.

Con todo, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo un llamamiento a comercios, bares y restaurantes para que cumplan el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética y tengan en cuenta el respeto a las condiciones laborales. En la misma línea, Teresa Ribera confirmó que no se realizarán más modificaciones a la norma.

Por lo que no se esperan más distinciones que las esgrimidas este viernes. En un principio, la medida era de obligado cumplimiento para comercios, supermercados, restaurantes, centros comerciales o grandes almacenes, además de para edificios públicos y otros espacios como teatros y cines. Las únicas excepciones previstas para negocios recalaban en las peluquerías, además de en hospitales, y centros de salud y educativos.

A pesar de esta apertura, desde la oposición siguen pidiendo al Gobierno que dé una vuelta al criterio seguido para la aplicación del plan. Sobre todo, exigen que se tenga en cuenta las «peculiaridades y realidades» de cada zona geográfica, en palabras de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, una de las regiones que más sufren las altas temperaturas cada verano y que más está siendo golpeada por las continuas olas de calor que está dejando la presente temporada estival.

Sanz cree que las medidas de ahorro energético propuestas por el Gobierno «están hechas desde la improvisación» y no se han tenido en cuenta las diferencias meteorológicas del norte y el sur. Por lo que entiende que ha «faltado diálogo» entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

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«Algo que rechaza Ribera, que aseguró que antes de aprobar las medidas hubo interlocución con todas las regiones. «Tuvimos una conversación enormemente constructiva, positiva, y había un consenso muy alto sobre la necesidad de adoptar medidas que tuvieran el menor impacto posible en el tejido productivo», aseguró la vicepresidenta tercera durante otra entrevista en Catalunya Ràdio.

Además del límite a la temperatura del aire acondicionado, el plan también contempla topar la calefacción hasta 19 grados en invierno y exige a los establecimientos que cierren sus puertas para ayudar a mantener la temperatura. Además, los comercios tendrán que apagar los escaparates antes de las 22.00 horas. Una serie de normas que, de no ser cumplidas, podrán acarrear sanciones de hasta 60.000 euros en el caso de infracciones leves. Como adelantó este periódico, la norma también apela a racionalizar los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático de los edificios de oficinas, así como el resto de los equipos consumidores de energía.