El Gobierno amenaza a los chiringuitos de playa con multas si pagan de su bolsillo el mantenimiento de la costa

Tras una reunión en Alicante -una de las zonas donde más repercute este problema- con los portavoces populares de Medio Ambiente en el Congreso y en el Senado, César Sánchez y Vicente Martínez, respectivamente y con la vicesecretaria de Ecología y Desarrollo del PPCV, Elena Albalatse, esta formación se ha comprometido a modificar y derogar aquellos aspectos del reglamento de esta norma que «son perjudiciales para los propietarios y para el sector turístico».

Con esta política de «dogma« e »ideología pura«, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se posiciona »contra la propiedad privada y ataca directamente a la creación de puestos de trabajo«, ha alertado Mazón.

De forma gráfica, ha resumido que «Puig y Sánchez montan chiringuitos donde no los tienen que montar y desmontan los únicos chiringuitos que sí que tienen que proteger, que son los que generan actividad económica y representan un modelo económico razonable y sostenible«

En este contexto, con el endurecimiento de la normativa contra los particulares y «la propiedad privada«, el PP critica »la máquina de triturar derechos« en que se ha convertido la suma del Gobierno central y la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, que «hace oídos sordos a las alegaciones del sector« y al PP. «Se trata de un ataque más del Gobierno de Sánchez a los intereses de la Comunidad Valenciana, sin respuesta por parte de Puig», han lamentado César Sánchez y Vicente Martínez.

Varios grupos de afectados de playas en Guardamar del Segura y otros puntos del litoral de Valencia, Alicante, Murcia y Almería han anunciado manifestaciones el próximo sábado, 6 de agosto, por este problema y porque el Gobierno confisca terrenos particulares cuando están afectados por fenómenos meteorológicos y pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, sin aplicar la Ley de Expropiaciones.

También hay una regresión de la arena que la Plataforma SOS Mediterráneo, que aglutina a 32 asociaciones, reclama solventar a la Administración central con otro cambio en la Ley de Costas.

El PP pretende acabar con la realidad actual, que permite que pase a dominio público un terreno por un desbordamiento de un río, una DANA... «hasta donde llegó un ola», por ejemplo.

«Y a los particulares se les amenaza con sancionarles si reparan desperfectos de su bolsillo», ha abundado Mazón, que ha augurado así la «futura desaparición de playas».

En cuanto al decreto para las medidas de ahorro energético, que inciden en este caso en el sector turístico, el presidente de los populares valencianos ha recriminado que no se hayan «consensuado« ni pactado con las empresas y profesionales del ramo.

«Se anuncia sin conocer el desarrollo, ni la duración, ni el reglamento, como en pandemia, son medidas desproporcionadas y ese es el talante permanente de los partidos que forman el Gobierno«, ha subrayado Mazón, además de recordar que este decreto de la energía ha suscitado rechazo hecho público incluso por parte de aliados parlamentarios de Pedro Sánchez (como el PNV) y del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero.