El rechazo de Podemos frena la cesión de 30.000 viviendas de los fondos para alquileres asequibles

El Partido Socialista se muestra en cambio más dialogante con los fondos de inversión y bancos propietarios de viviendas. Al menos, en público. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicó este lunes que el Gobierno está «trabajando en una fórmula, evidentemente, a través de concurso público», para llegar a acuerdos con el sector y «poner a disposición» los 30.000 pisos ofrecidos por los grandes caseros. El Ejecutivo ya anunció a comienzos de año que buscaría acuerdos con los propietarios para que cedan estos 30.000 inmuebles, que serían destinados a alquileres asequibles. No se trataría por completo de una vivienda pública, sino de acuerdos que permitieran sacar al mercado alquileres por debajo del precio habitual. Transportes también trabaja en otras fórmulas para aumentar el parque de pisos y paliar así la falta de oferta de determinadas localizaciones, pero reconoce que esta sería «una de las más rápidas», porque se tratarían de inmuebles que ya están construidos y listos para ser habitados.

Los propietarios han mostrado en los últimos meses un gran interés en esta fórmula. La semana pasada dieron un paso más y presentaron en un evento organizado por Esade una propuesta concreta al Gobierno. Fondos y bancos incluyen en este plan cesiones de 25 años al Estado (no a las comunidades autónomas) de pisos que saldrían al mercado con rebajas de precio del 20% para dar acceso a familias vulnerables.

El CEO de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce, que ha sido el que planteó esta opción la semana pasada, explicó además que entre estas viviendas se encontrarían tanto pisos vacíos como okupados ilegalmente, lo que permitiría luchar contra esta lacra social.

En el departamento dirigido por Raquel Sánchez ya estudian esta propuesta, que iría en la línea de lo anunciado por Transportes a principios de año. Aunque lo cierto es que además de la complejidad técnica -todavía no está claro si se articularía a través del Estado o de las comunidades, que son las que tienen las competencias de la materia- la medida también entraña una complejidad política. Porque Unidas Podemos prefiere otros caminos para aumentar los alquileres asequibles. Por ejemplo, utilizar los activos de Sareb, que pasarían a ser públicos, tal y como ha publicado ABC. Además, fuentes de la formación morada explican a este periódico que no han recibido todavía la propuesta de los grandes caseros y que, en todo caso se decantan más por «la obligatoriedad en el caso de estas cesiones». Es decir, que se realicen expropiaciones de determinadas viviendas, como las que se encuentren vacías.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que esta disparidad de criterios ha enfriado esta fórmula de colaboración público-privada, que en ningún caso se llevaría a cabo este año. No es la primera vez que los socios del Gobierno chocan en materia de vivienda. Unidas Podemos quería que la ley estatal de vivienda, que se encuentra ahora en trámite parlamentario, fuera mucho más ambiciosa y no poner tantas trabas a la imposición de controles del alquiler. Y también reclamaba recargos más elevados en el IBI para los propietarios que mantuviesen su vivienda vacía.

En el caso de los acuerdos con el sector privado, estas mismas fuentes recuerdan que Unidas Podemos era el único grupo parlamentario que en sus alegaciones a la ley de vivienda no plantea colaboraciones público-privadas para incrementar el parque de vivienda asequible. Las líneas maestras de la formación morada en materia de vivienda pasan por el control de los alquileres y el uso de los recursos de la Sareb. Desde la formación, de hecho, ponen como ejemplo las políticas acometidas en la Comunidad Valenciana, donde ya se han traspasado viviendas del conocido como 'banco malo' a la Administración. Un modelo que también están teniendo en cuenta otras regiones como Baleares.