Protección ante los abusos

En Derecho Internacional hay dos perspectivas sobre la propiedad privada extranjera. Para la más clásica, la inversión extranjera es buena, hay que atraerla y protegerla (de ahí los esfuerzos para atraer Eurovegas). Si se expropia, debe ser por causa de utilidad pública y previo pago de un precio justo y en divisas. Para la más izquierdista, la inversión extranjera roba los recursos naturales del país, sobre los que el Estado es soberano. La expropiación no tiene límites, y se paga el precio y en la divisa que quiera el expropiador.

Para protegerse de esos abusos, caben dos posibilidades. Por un lado, la protección diplomática por parte de su Estado nacional. El Estado donde tiene su sede la compañía, discrecionalmente, asume el caso como vulneración del mínimo que exige el Derecho Internacional. El pleito es a partir de ese instante entre Estados y puede acabar en el Tribunal Internacional de Justicia. Es lo que ocurrió en el caso Barcelona Traction, que en 1971 decidió contra Bélgica, y a favor de España, porque no se había perseguido solo a los accionistas belgas de esa empresa canadiense que electrificó parte de España. En el caso de Repsol, la persecución contra los accionistas españoles es clara.

Otra posibilidad es acudir al arbitraje internacional, directamente, sin necesitar al Estado, gracias al tratado de protección de inversiones entre España y Argentina. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), en el Banco Mundial, vio cómo se condenaba a España en un primer caso de 1997, por perjudicar al Sr. Maffezini, un argentino que había construido una fábrica en Galicia. Luego, tras el corralito, Argentina se ha convertido en el Estado más demandado, con más de 30 asuntos. Parece la solución más probable. Lo hecho por Argentina sería como decir que Messi, formado en España y que cobra de un club español, solo puede jugar con la selección argentina. Absurdo y seguramente contraproducente. Pero así es la historia.